El rápido esclarecimiento del múltiple crimen en Navarrete por parte de la Policía Nacional, que acusa a siete personas, una de ellas prófuga, de ser las responsables de la masacre, merece todo el reconocimiento de una sociedad todavía sobrecogida por el espanto. La Policía, que desde el principio sostuvo la hipótesis de que se trató de un ajuste de cuentas por desavenencias entre narcotraficantes, no solo demostró que siempre anduvo tras la pista correcta sino, también, que cuando quiere puede. Esa eficiencia selectiva, sin embargo, es lo que refuerza la vieja creencia de que la institución del orden, que tiene entre sus filas a investigadores muy bien entrenados, solo resuelve los casos que le interesa resolver, dependiendo de los vientos que soplen desde las distintas jefaturas. ¿Hace falta citar el asalto a Vimenca, en un limbo investigativo desde hace varios años, o hay que señalar también el hecho, sin duda revelador, de que los espectaculares asesinatos de Martín Abreu Pimentel, acribillado a balazos en el parqueo de un popular café capitalino, o Gustavo Zayas García, asesinado delante de su propia familia, nunca pasaron de su fase preliminar? Congratulémonos, de todas maneras, por la eficiente labor de la Policía, abrigados en la esperanza de que, de ahora en adelante, las cosas serán diferentes.

Sin arbitrariedades

Recurrir a la arbitrariedad, por demás ilegal, de incautar -manu militari- los vehículos de los choferes que se nieguen a cumplir la rebaja en el precio de los pasajes es la peor receta a la que puede recurrir el director de la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT), Germán Peña Guadalupe, en su empeño por someter a la obediencia a unos sindicatos que siempre se han manejado como chivos sin ley, gracias -más que nada- a la tolerancia irresponsable de todos los gobiernos desde la democracia para acá. Más sensata y efectiva parece su advertencia de que despojará a esos sindicatos de las rutas que el organismo les ha concedido, para otorgárselas a otros gremios que sí estén dispuestos a respetar las nuevas reglas de juego. Esa decisión, tratándose de gente con tanta capacidad para perturbar la paz pública, entraña sus riesgos, pero en algún momento habrá que acabar con el chantaje vulgar de esos mal llamados sindicatos. Mientras tanto, tomemos nota de la ficha y la placa de los autobuses que se nieguen a rebajar los pasajes para reportar esas señas, como nos sugiere el funcionario, a la gente de la OTTT, para que ellos se encarguen del resto.

¿Qué pasó ahí?

Aunque se trata de un lío que solo entienden los abogados, expertos en desentrañar laberintos, es imposible pasar por alto la falta de sintonía entre el Procurador General de la República y el fiscal del Distrito Nacional en torno al anuncio, con bombos y platillos, de la revocación de la orden de libertad del consultor empresarial y ex diplomático Luis Alvarez Renta. Y es que extrañó mucho escuchar la sorpresiva revocación de esa orden de libertad de labios del doctor Francisco Domínguez Brito, que mereció primeras planas en los periódicos, pero más sorprendió todavía que, 24 horas después, el doctor José Manuel Hernández dijera desde la Fiscalía que esa revocación no tenía ningún efecto práctico, que Alvarez Renta no volvería a ser encarcelado, pues ya había sido favorecido con un Auto de No Ha Lugar. Según Hernández lo que el Procurador quiso hacer fue enviarle a la sociedad el mensaje de que las cosas, por lo menos en el ámbito de la Justicia, hay que hacerlas bien de ahora en adelante. Usted puede quedarse con la cándida versión del Fiscal, si ese es su deseo, pero por aquí preferimos esperar que sea el propio Domínguez Brito quien revele las causas del traspiés.