Al disparar dardos sobre los jueces, señalándolos como blandos en el manejo de los expedientes sobre corrupción que les remite el Ministerio Público, el director del Depreco, Octavio Líster, provocó una reacción vitriólica  del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, quien aludió a una serie  acumulada de cuestionamientos a los fiscales por alegadamente  fallar en su rol y ser los verdaderos responsables de que la justicia no pueda  emitir condenas.

Por una cuestión de lógica  y procedimiento, son los acusadores e investigadores los que tienen que poner las pruebas ante los ojos de los jueces para que entonces se dicten sentencias. Con cierta frecuencia, algunos jueces puestos bajo sospecha ante la Suprema han recibido sanciones o han sido sometidos a juicios disciplinarios y hasta a procesos penales. En un reciente caso movido por la Superintendencia de Seguros, dos magistradas  del Cibao salieron airosamente descargadas y hasta fueron desagraviadas por el alto tribunal, pues demostraron que eran inocentes. Sin embargo, rara vez se divulga que las actuaciones de los fiscales han sido puestas en escrutinio por sus propios superiores. Nadie, con nivel de autoridad, se ha puesto a remover fiscalías para ver lo que se asienta en el fondo de cada una de ellas.

¡En la cola!

Una investigación de la entidad World Economic  Forum (WEF) indica que la calidad de la educación superior en República Dominicana ocupa el lugar 115  de 122 países evaluados. Es decir, solo  las universidades de otras siete naciones valoradas están por debajo de las locales, diagnóstico que debe ser recibido con alarma pues un  gran problema de este país, de cara al futuro, es el de la baja calificación de los ciudadanos para integrarse a la producción. Esta descalificación viene a agregarse a otro balance negativo en materia de estudios superiores que indica que las universidades dominicanas  forman a los profesionales sin tomar en cuenta las prioridades del desarrollo ni las urgencias de servicios a la sociedad. Si además de deficientes en sus formación,  muchos egresados pasan a engrosar el ejército de desempleados de este país, o tienen que trabajar en oficios burdos, diferentes a las carreras que siguieron, habría que hacer esfuerzos muy grandes para cambiar el funcionamiento de las academias, y hacerlo con un crecimiento de la inversión del Estado en el sector,  porque en eso también estamos muy por debajo de lo que conviene al  país.

El dilema de una ley

El superintendente de Electricidad, Francisco Méndez, habló recientemente, con el látigo en la mano,  para advertir a los consumidores de energía que usan  mecanismos de robo o fraude, que disponen de un plazo de tres meses para ponerse en regla  o les aplicarán la ley que castiga  la práctica. Falta saber, no obstante, si las autoridades comenzarán su persecución enfocándola sobre usuarios de consumos altos  en el que estarían, según estudios, los mayores defraudadores del sistema, o si por el  contrario les pondrán el frente a barrios carenciados. Algunos críticos a la penalización del fraude eléctrico descartan que la ley pueda funcionar en contra de los poderosos que aquí  están acostumbrados a eludir, con el concurso de padrinos e influencias, las “afrentas” de los sometimientos por otros conceptos, como el contrabando, la evasión y el incumplimiento de pago al seguro social. Además, no sería fácil suprimir conexiones ilegales a los barrios marginados cuyos moradores siempre han rechazado con extrema violencia los intentos de dejarlos sin luz por falta de pago. El mango bajito de la aplicación de esta nueva regla del juego sería la clase social que no está muy arriba ni muy abajo. La llamada clase media baja, “paganini” en todo, podría saber si el gas pela.