Hace poco más de una semana la Policía Nacional informó del apresamiento de una banda que se especializaba en el robo de yipetas de lujo, y hasta dio a conocer los nombres y apellidos de los supuestos miembros de la organización criminal, pero ocurrió que entre las personas  señaladas como integrantes de esa banda había ciudadanos y ciudadanas  que simplemente estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado, pues al momento de “tirarse” la uniformada estaban comprando una yipeta que vieron ofertada en los periódicos.

 ¿Quién iba a sospechar que se trataba de un vehículo robado y que a sus ladrones las autoridades les estaban pisando los talones? Pero ya el daño estaba hecho, aunque los ciudadanos  falsamente acusados acudieron a varios programas de radio y televisión desmintiendo que pertenecieran a una banda de ladrones de yipetas como salió publicado en los principales periódicos del país.

El pasado lunes  le tocó el turno a una joven mujer que regresaba de Curazao, donde trabaja, y a quien la DNCD consideró sospechosa de ser una “mula”; se le detuvo, se le mandó a una clínica para obligarla a expulsar las drogas que supuestamente traía en el estómago, pero sin esperar los resultados de esas pruebas médicas el organismo antinarcótico informó que la mujer había sido apresada con cocaína en su estómago. Ahora resulta que la mujer no tiene nada que ver con drogas, como tuvo a bien reconocer la DNCD, pero ya el daño está hecho y no hay forma -con excusas y todo- de repararlo. ¿No sería posible que las autoridades fueran más cuidadosas antes de presentar a la opinión pública a los responsables de cualquier delito, cumpliendo de paso los requisitos que exige el vigente Código Procesal Penal?

Malos ejemplos

Es una pena que el doctor Leonel Fernández, que tanto gusta imitar el estilo de gobernar del doctor Joaquín Balaguer, no haya seguido el “librito” del extinto líder reformista en lo que se refiere a los funcionarios de su gabinete, a propósito de las voces que empiezan a surgir aquí y allá reclamándole cambios en su equipo de colaboradores, sobre todo entre aquellos que, como dice el pueblo llano y sabio, no han dado pie con bola.  Contrario al presidente Fernández, quien no parece muy inclinado a hacer movimientos, así sean tácticos, en su gabinete ministerial, el doctor Balaguer sacrificaba a quien tuviera que sacrificar, con lo que se quitaba de encima las presiones de la opinión pública y convertía al funcionario cancelado en chivo expiatorio.

 El doctor Balaguer tuvo, como ser humano y como estadista, grandes virtudes y grandes defectos que no es el momento ni el lugar de colocar en una balanza, aunque sí es oportuno señalar el hecho curioso de que nuestros políticos  prefieran imitar las malas artes aprendidas a lo largo de su dilatada vida pública en lugar de los  dones que le convirtieron en uno de los hombres más influyentes de nuestro último medio siglo de vida republicana.

Mal endémico

Investigaciones realizadas por el Departamento de Seguridad del Consorcio Aerodom, arrendatario del aeropuerto Internacional Las Américas, han forzado la cancelación, por “macuteo y extorsión”, de quince inspectores de la Dirección General de Migración,  once agentes de la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI) y varios de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), luego de que sus superiores recibieran videos y otras pruebas mostrando a sus subalternos exigiendo o aceptando dinero de pasajeros.

No es la primera vez, ni tampoco será la última, que se producen cancelaciones por la misma causa entre el personal de las distintas agencias gubernamentales que presta servicios en el aeropuerto Las Américas y otras terminales, como si se tratara de un mal endémico de nuestra administración pública con el que habrá que resignarse a convivir, al igual como hemos aprendido a convivir con el dengue y la malaria. Ni mas ni menos.