Desde los oscuros tiempos de Julio Sauri y sus traviesas chichiguas no nos tropezábamos con una perla de este tamaño, parida por una mente privilegiada con el único propósito de explicar la causa de los apagones nuestros de todos los días y calvario de todas las noches: el crecimiento que registra el sector construcción, lo que junto al aumento en las compras de electrodomésticos por parte de la población ha disparado la demanda más allá de la oferta de energía disponible en las redes.

¿El autor de esta belleza? El Superintendente de Electricidad, Francisco Méndez, quien la soltó a los periodistas que cubren el Palacio Nacional con la intención de convencerlos, y con ellos al resto del país, de que el recrudecimiento de la crisis de suministro de energía de los últimos días es una consecuencia indeseable del crecimiento y la estabilidad económica que registra el país en la presente administración.¡Qué coraje!

Un caso hipotético

En el caso hipotético aunque improbable de que el presidente Leonel Fernández decidiese prohibir que determinados funcionarios se refieran en público a determinados temas no hay dudas de que recibiría fuertes críticas de la opinión pública, bastante bien edificada sobre los derechos inherentes a la vida en democracia, pero estaría también ejerciendo el legítimo derecho que le asiste de proteger al gobierno que encabeza de los innecesarios conflictos a los que lo arrastran las imprudentes declaraciones de sus locuaces colaboradores. Los ejemplos, desde luego, abundan en un gobierno en el que cada quien dice lo que le parece cuando le conviene o viceversa, pero tal vez no sea prudente ni justo citarlos por sus nombres, más que nada para no «calentarlos» más de lo que eventualmente puedan ya estar. Al que le sirva el sombrero, simplemente, que se lo ponga.

Garantías

A cada rato sale en los periódicos alguna noticia dando cuenta del rescate, por parte de las autoridades del Ministerio Público, de un grupo de menores de edad de centros de diversión donde se les obliga a prostituirse, pero pocas noticias se tienen sobre lo que pasa finalmente con esos establecimientos y sus propietarios. ¿Cuántos de esos proxenetas de menores han sido condenados por un juez de nuestros tribunales de justicia? ¿Cuántos de esos establecimientos siguen abiertos, probablemente reincidiendo en su infame negocio, a pesar de sus dueños haber sido sorprendidos en flagrante delito? Hay que aplaudir, respaldar y estimular el esfuerzo que despliegan las autoridades, sobre todo a la gente del Departamento de Niños, Niñas y Adolescentes de la Procuraduría General de la República, en su empeño por extirpar de raiz ese perverso negocio, pero ese esfuerzo no será debidamente recompensado hasta que esas mismas autoridades no estén en capacidad de garantizarle a esta sociedad que esos negocios no volverán a abrir jamás sus puertas y que sus propietarios irán a dar con sus huesos a la cárcel.