CLAUDIO ACOSTA
c.acosta@hoy.com.do 
Cuando hace algún tiempo el doctor Franklin Almeyda se ufanó de que el PLD  estaba en capacidad de saber, gracias a lo que llamó “padroncillo”, por quién votará cada ciudadano en las elecciones de mayo próximo, muchos pensamos que se trataba de una bravuconada, o si acaso parte de una guerra sicológica y de intimidación destinada a desmoralizar a sus contrincantes, en este caso los partidos de oposición.

Pero ahora que el doctor Almeyda ha vuelto a sacarse de la manga el famoso padroncillo, que ha convocado a los periodistas para explicarles que gracias al cruce de la información contenida en los padrones de los partidos políticos  depositados ente la JCE no solo conoce la intención de voto de la mayoría de los ciudadanos registrados en esos padrones sino que también está en capacidad de vaticinar, como en efecto hizo, que el PRSC perderá su membresía en el próximo certamen electoral y que el PRD sacará una votación por debajo de la obtenida en los comicios pasados,  hay que empezar a creer que se trata de algo más que de una simple bravuconada. Sobre todo cuando se recuerda que hace tan solo unos días se anunció con bombos y platillos  la firma de un contrato entre el PLD y la empresa telefónica Claro, gracias al cual ese partido adquiría veinte mil celulares para entregárselos a la militancia que trabajará directamente en el proceso electoral, acto en el que también se anunció el reparto de 200 computadoras portátiles para los mismos fines. Se trata, a ojos vista, de una formidable maquinaria electoral en la que debe haberse invertido una cantidad respetable de recursos, que habrá que sumar a lo gastado en publicidad, nominillas o cualquier otro mecanismo utilizado para captar o comprometer votos. ¿Es legítimo que el PLD, gracias a que está en  el poder, se dé el lujo de armar semejante maquinaria en desmedro de sus competidores? ¿Es legal o constitucional que  tenga la capacidad de violar la intimidad de un acto tan personal y secreto como el voto? Estamos hablando de algo más serio que del abuso puro y simple de los recursos del Estado en favor de la reelección, y por lo tanto de un problema de mayor envergadura del que hasta ahora  se le ha exigido enfrentar, con muy poco  éxito, al árbitro llamado a hacer respetar las reglas del juego.