La Policía Nacional ha ofrecido garantías de que apresará a los responsables de la muerte de tres empleados de una factoría de arroz en Cotuí, salvajemente  asesinados -con todas las características de  una ejecución- para despojarlos del cargamento de arroz que transportaban en un camión, y arrojados como animales a la orilla de la autopista Duarte. 

 La saña conque fueron golpeados y torturados antes de recibir, cada uno, varios disparos a la cabeza, ha llamado poderosamente la atención, pues tanta crueldad y violencia no parecen propias de simples ladrones o asaltantes de camino, pero eso es algo que se  aclarará cuando concluyan las investigaciones que realiza la Policía Científica, que ayer se trasladó a Cotuí a profundizar las indagatorias. Aunque se trate, a estas alturas, de un manoseado lugar común tratándose de un crimen de esas características, hay que insistir en la necesidad de que el  mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, bajo el fuego cruzado de los críticos de los intercambios de disparos como método de combate a la delincuencia, lo asuma como un desafío personal, como la primera gran prueba de su jefatura, pues pudiera tratarse, como ya ha sucedido antes con otros jefes policiales cuando recién se estrenan en el cargo, de alguien que quiere poner a prueba su firmeza y determinación para hacerse cargo de la papa caliente que le han puesto en la manos.

De plácemes

Los mocanos, con justa razón, están de plácemes. El gobierno iniciará dentro de algunas semanas la construcción de una nueva cárcel en la comunidad de La Isleta, a donde serán trasladados los reclusos actualmente encerrados en la vieja fortaleza 2 de Mayo. Jacobo Marchena, fiscal de Moca y portador de la buena nueva, explicó que la construcción del nuevo recinto corre por cuenta de la Dirección Nacional de Prisiones y la Procuraduría General de la República, con una inversión que ronda los 100 millones de pesos.

En el lugar donde está ubicada la fortaleza, dice Marchena,  se construirá un gran centro cultural con sala de exposiciones, una biblioteca, un teatro y otras áreas dedicadas al más sano esparcimiento. No hace falta ni decir que los mocanos saldrán ganando con el cambio; la vieja fortaleza no solo resulta pequeña para la gran cantidad de reclusos que alberga, sino que el lugar donde está ubicada es absolutamente inadecuado para una instalación de esa naturaleza, rodeada de comercios y sectores residenciales. Confiemos en que no se trate de otra promesa oficial que con el tiempo se vuelve sal y agua,  para que los mocanos puedan muy pronto ver hecho realidad el viejo anhelo de mudar esa fortaleza de ahí.

Presiones

A Omar Rancier, el sustituto de Max Puig en la Secretaría de Medio Ambiente, se le ve firmemente plantado en su decisión de hacer cumplir la resolución que ordena sacar, en un plazo de noventa días, los equipos para extraer materiales de las cuencas y riberas de los ríos, precisamente la clase de firmeza que va a necesitar para no doblarse ni ceder a las presiones que está recibiendo, unas disfrazadas de mediación “desinteresada” y otras en forma de propuesta, como la que acaba de hacer el presidente del CODIA, Juan Hernández, para que ese plazo de extienda para dar tiempo a las granceras a retirar sus equipos.

 A propósito de esas presiones el secretario de Medio Ambiente invitó a pasar por su despacho al presidente de la Cámara Dominicana de la Construcción, el ingeniero Diego de Moya Canaan, para que demuestre, con las estadísticas en las manos,  que la decisión de prohibir la extracción de agregados de los ríos afectará al menos el 60% de la industria de la construcción del país, incluído el Metro de Santo Domingo, pues está dispuesto a dialogar con todos los sectores involucrados, siempre y cuando se respeten íntegramente las disposiciones contenidas en la resolución 16-2007 firmada por Max Puig. Hay que felicitar al secretario de Medio Ambiente por la firmeza de su posición frente a las presiones que está recibiendo, y aconsejarle de paso que se agarre bien fuerte porque ahora es que faltan.