De poco ha servido el rechazo y la recriminación pública que han recibido los regidores que se aumentaron a sí mismos los sueldos en el ayuntamiento de San Cristóbal, tanto así que no han tardado -tal y como se temía- en tener  entusiastas imitadores, y nada menos que en el ayuntamiento de Santiago, el segundo en importancia del país.

Con el respaldo de la mayoría de los partidos representados en la Sala Capitular, a excepción de los reformistas, y la ausencia del síndico José Enrique Sued, los regidores aprobaron en sesión ordinaria subirse los sueldos de RD$44 mil a RD$100 mil, llevaron el salario del síndico de RD$55 mil a RD$180 mil, y como para que no digan que no boronean decidieron  también aumentar en un 30% los sueldos  a los  servidores municipales, todo eso -argumentan- bajo el amparo de la ley 176-07.

En una reunión celebrada el pasado 10 de enero, encabezada por el presidente Leonel Fernández, el Comité Político del PLD acordó  instruir a los regidores de ese partido, a propósito del escandaloso aumento conque se premiaron  los regidores del ayuntamiento  de San Cristóbal, donde la representación peledeísta constituye  mayoría absoluta, dar marcha atrás a la medida, pero también advertir que serían expulsados  del partido quienes desoigan ese mandado de la organización. Visto el caso y comprobado el hecho, como suelen decir los abogados, solo resta que la máxima dirigencia del PLD se ponga manos   a la obra y detenga ese atropello a la institucionalidad del poder municipal.

Una propuesta

Fausto Ruiz, síndico de La Vega y presidente de la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), cree al igual que Raymundo y todo el mundo que los aumentos de los regidores son extemporáneos e ilegales, y algo peor todavía; constituyen un atentado  contra la calidad y eficiencia de los servicios que los ayuntamientos están llamados a ofrecer a sus comunidades.

Sin embargo, cree tener un remedio: la elaboración de un reglamento de sueldos y salarios de los servidores municipales en sentido general, es decir que incluye a síndicos y regidores, así como la creación de una comisión mixta en la que participen miembros de FEDOMU, el Comité Ejecutivo de la Liga Municipal Dominicana y el secretario de Estado que sirve de enlace entre el Poder Ejecutivo y los cabildos, para que se pongan de inmediato a  trabajar en la elaboración de un reglamento para la aplicación de la ley 176-07.  La propuesta del síndico de La Vega parece sensata y lógica y, sobre todo, apegada a los cauces institucionales, salvo por un pequeño detalle: ¿Quién hará cumplir al pie de la letra ese reglamento en un país al que le sobran leyes que nadie cumple pero que tampoco nadie obliga a cumplir?

Violencia policial

Hace bien el jefe de la Policía Nacional, el mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, en redoblar la vigilancia  en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo y Santiago, donde según un informe estadístico elaborado por la Procuraduría General de la República se registran los mayores índices de criminalidad del país, sobre todo porque esa es su responsabilidad y lo que, en buena lógica, se espera que haga. También se espera que, en atención a los datos que arroja ese mismo  informe, que dice que entre enero y noviembre del pasado año murieron  293 supuestos delincuentes en enfrentamientos con agentes de la institución, contribuya a contener la matanza, precisamente la parte que le toca del problema de la violencia y sus víctimas. Conocido es ya el énfasis que ha puesto Guzmán Fermín  en su argumento de que los agentes policiales actúan en legítima defensa, que no se trata de ejecuciones extrajudiciales,  pero más allá de la validez o no de ese argumento lo que predomina en la percepción pública es la idea de que nuestros policías primero disparan y después preguntan.