Ahora tenemos a los almirantes, contralmirantes, generales y coroneles retirados divididos a propósito  de las próximas elecciones. Un primer grupo, obviamente identificado con el PRD y su candidato presidencial,  convocó una rueda de prensa para denunciar el uso que hace el gobierno de los recursos públicos  y para advertir de la posibilidad de unas elecciones fraudulentas. 

La denuncia llamó la atención y parece que produjo nerviosismo en el gobierno. Después de todo, era la primera vez que un grupo de generales en retiro hacía público tal pronunciamiento. Pero luego vinieron los otros generales, los que también obviamente están identificados con el PLD y su candidato presidencial, el Presidente Leonel Fernández. Estos han negado todo cuanto afirmaron los primeros. Así anda la política dominicana. La tendencia a la fragmentación sigue siendo una constante, tanto en la derecha como en la izquierda, y ahora entre los guardias en retiro arrimados a los partidos políticos. Esperemos por el próximo capítulo de esta nueva novela.

A propósito de uso de recursos

 A los honorables  jueces de la Junta Central Electoral les será muy difícil volver con la canción de la reglamentación de las elecciones.  Porque tal como algunos  analistas habían previsto,  la reglamentación sería excluyente porque no incluiría al candidato del partido de gobierno, que es nada más y nada menos que el Presidente de la República. Este tiene a su favor su investidura y su papel, hechos que le permiten moverse como el pez en el agua de inauguración en inauguración, donde  “los aliados”  aprovechan la circunstancia y montan escenas reeleccionistas  que parecen muy inocentes y muy fuera de control. El Presidente de la República también atrae a los partidos y grupos con posiciones públicas, partidos que como el de Eliita Wessin expresan de inmediato su respaldo a la reelección,  pero  los honorables  jueces de la JCE siguen sin “evidencias”.  ¿Para quién o quiénes, entonces, será el reglamento que se propone  aprobar la Junta Central Electoral?

Lo de Felucho en el Congreso

La presentación del señor secretario de Turismo ante los miembros de la Cámara de Diputados fue un espectáculo propio de eso que algunos  llaman democracia a la dominicana.  Fue un escenario para que el licenciado Félix Jiménez hiciera cuanto quisiera. Y así fue. La prensa tiene razón, entonces, cuando dice que el hiperactivo funcionario salió victorioso. Pero lo que no se ha dicho es que, además del ideal democrático, perdió  mucho el presidente de los  diputados,  quien fue incapaz, por parcialidad partidaria, de  dirigir aquella sesión como Dios y el sentido común mandan, a falta de un reglamento. No lució equidistante,  no hizo esfuerzos para que el “interpelado”  se acogiera a las preguntas y las respondiera, y repartió los turnos solicitados  con criterios que sólo él conoce.  Esta manera de dirigir la sesión hizo que fallara el intento, bien intencionado  o no, de que el secretario de Turismo rindiera cuentas sobre una acusación que le sigue como la sombra al cuerpo,  como es el conflicto de intereses en su gestión. Cuando se observan estos espectáculos que se confunden con la democracia, el pesimismo político aflora y se recuerdan aquellos  versos del gran poeta negro dominicano Juan Sánchez Lamouth:  en estas tierras no crece el árbol de la democracia.

Una gran decisión

El gobierno hizo bien en iniciar el Seguro Familiar de Salud. Se sabe que no es ni mucho menos un programa ideal, que dista mucho de satisfacer las necesidades de salud de la población, pero contiene la esperanza de que pueda ser más eficiente que el servicio público de salud que tenemos. Sin que la población se dé cuenta, el Estado prácticamente renuncia al precepto constitucional que hace obligatorio el servicio de salud. Ahora, todo el que trabaja tendrá que pagarse sus requerimientos médicos. Es, además, una admisión gubernamental de la incapacidad del sistema público  de ofrecer salud a los ciudadanos. Todo a pesar de que éstos pagan sus impuestos.  El Seguro Familiar de Salud debe verse, entonces, como una nueva esperanza para que los dominicanos puedan socorrer sus enfermedades con algún nivel de eficiencia.  Toca al gobierno, como árbitro, hacer cumplir las leyes y los reglamentos que sirven de marco legal a este nuevo programa sanitario. Si no lo hace, ante la miríada de intereses que lo rodean,  el Seguro fracasará. La fase de la búsqueda de consenso ya terminó, ahora toca aplicar la ley y las reglamentaciones.