Más de una semana después de que el ingeniero Félix Bautista anunciara desde el Palacio Nacional la decisión del presidente Fernández de ordenar a los secretarios de Estado, directores departamentales y administradores de instituciones públicas la reposición de los militantes del PLD cancelados de sus cargos por sus simpatías conn Danilo Medina, sigue sin aparecer la circular que revoca esas cancelaciones.

¿Por qué tarda tanto tiempo en materializarse una orden impartida por el Presidente de la República en el país más presidencialista del mundo, si además está llamada a devolver la tranquilidad a la alborotada familia peledeísta? Esa misma pregunta debe estársela haciendo mucha gente en el PLD, sobre todo aquellos que, como Reynaldo Pared Pérez, están legítimamente preocupados por el peligroso derrotero que lleva la caldeada lucha interna por la candidatura presidencial. Tal vez por eso ha condicionado la convocatoria del comité político, máximo organismo de dirección, a que el gobierno emita esa esperada circular, que se entiende la mejor demostración de que el presidente Fernández no comparte ni apoya los excesos de los promotores de su reelección.

Paz y tranquilidad
Parece que la Policía Nacional, institución responsable de velar por el orden público y la seguridad ciudadana, ha encontrado la forma de transformar este agitado país en un remanso de paz y tranquilidad, libre de violencia y de violentos, de crímenes y criminales, de delincuentes y hechos delictivos. Tres días llevan los periodistas que “cubren” la fuente policial recibiendo, cada vez que visitan su departamento de relaciones públicas, la insólita noticia de que no hay noticias, a pesar de que los corresponsales de provincias inundan los periódicos reportando la ocurrencia de asaltos, robos, asesinatos, desapariciones y un largo etcétera de sucesos producto de la sociedad violenta y peligrosa en que nos hemos convertido.

 Los reporteros policiales, que desde luego se niegan a creer en la repentina sequía de informaciones, están que echan chispas, pues además de ir a recoger las notas de prensa de la institución con frecuencia quieren también consultar a sus voceros sobre la marcha de determinadas investigaciones, pero a estos se los ha tragado la tierra.

Digan lo que digan
Comprensibles son, porque lastiman nuestro orgullo y sentido de soberanía, las indignadas reacciones de rechazo a las imputaciones que hace contra República Dominicana la organización Amnistía Internacional en su más reciente informe, donde se nos acusa de violar los derechos de los inmigrantes haitianos y de los dominicanos de descendencia haitiana, al tiempo que recomienda a nuestras autoridades abstenerse de toda expulsión masiva de nacionales haitianos porque con estas se violentan sus  sagrados y humanos derechos.

Pero tal vez le estamos dando demasiada importancia a unas acusaciones que ni son nuevas ni han tenido, por lo menos hasta ahora, ninguna repercusión sobre el país, a menos que consideremos como tal la mala fama ganada en años de indiferencia, gobierno tras gobierno, ante el problema haitiano y sus implicaciones sobre nuestra nacionalidad, la mentada soberanía y los valores propios de eso que todavía podemos llamar, con cierto sentido de pertenencia, dominicanidad. ¿De qué nos quejamos entonces?