CLAUDIO ACOSTA
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De antemano hay que descartar, aunque Carlos Gabriel García diga lo contrario, la presencia de la mano larga y poderosa del gobierno en lo que ocurre en Panamá, donde un reportaje periodístico que vincula al presidente Martín Torrijos a una relación de negocios no muy clara con el gobierno dominicano que encabezó el agrónomo Hipólito Mejía, y más concretamente con su entonces secretario de Obras Públicas, el ingeniero Migues Vargas Maldonado,  ha provocado un gran alboroto político.

Ese alboroto ha sido mayor porque la relación de negocios de Torrijos, quien ha reconocido ser accionista de la empresa involucrada pero defiende la legalidad de la operación, se mantuvo hasta que fue presidente electo, con lo que entró  en contradicción con las leyes panameñas que prohíben de manera expresa que un Presidente sea asesor de un gobierno extranjero, con el agravante de que no existe constancia alguna, como se alega en el reportaje del diario La Prensa, de que  cumpliese con lo acordado en el cuestionado contrato. Por supuesto, la magnitud del alboroto ha desbordado las fronteras del país del itsmo para venir a recalar a   tierras dominicanas, donde podría ser aprovechado por la bien aceitada -y mejor financiada- maquinaria electoral peledeísta, que ya se ha servido a sus anchas de los alegados vínculos del candidato perredeísta con los implicados en el sonado caso Marbella.

Las malas noticias procedentes de Panamá llegan en un mal momento para el candidato perredeísta, pues el tiempo se acaba y el trecho que lo separa del candidato  que encabeza  las preferencias de los votantes, el presidente Leonel Fernández,   luce cada vez más insalvable. Algunos caerán en la tentación de atribuir este  nuevo traspiés a la mala suerte o a una jugarreta del azar,  pero otros recordarán que desde la escogencia del ex secretario de Obras Públicas como candidato  se advirtió no solo sobre la inconveniencia de sus vínculos con un gobierno tan impopular  sino también de la cola tan larga que arrastra.