Hay que entender la preocupación tanto del obispo de La Altagracia, monseñor Gregorio Nicanor Peña, como del padre Rogelio, párroco de Nagua, por la suerte que podrían correr miles de damnificados en Nagua, Higuey y El Seibo, pues nadie mejor que la Iglesia sabe que, en este país, la desgraciada condición de damnificado puede ser para siempre. Y hacerles caso cuando pegan el grito al cielo advirtiendo sobre la posibilidad de que miles de personas, que actualmente viven arrimadas en casas de vecinos, amigos o familiares, puedan verse expuestas a las consecuencias de la falta de alimentos. Minimizar las precarias condiciones en que está viviendo toda esa gente no es la mejor forma de las autoridades enfrentar un problema que no se lo han inventado ni los curas ni la Iglesia, que amerita por tanto atención urgente, empezando por crear -porque hasta ahora no existe- un mecanismo más eficiente que permita llevar los alimentos allí donde están haciendo tanta falta.

Inútil y arbitraria

La Autoridad Metropolitana del Transporte (AMET) ha dado un paso en falso al conceder un plazo perentorio de 15 días a los propietarios de vehículos para que le quiten el tintado oscuro a los cristales, incluídos los laterales, alegando que con ello se garantiza la seguridad ciudadana. Ocurre, sin embargo, que la mayoría de los dueños de vehículos que decide oscurecer los cristales de sus carros lo hace, precisamente, por razones de seguridad, pues así evita que los delincuentes puedan ver los objetos de valor en su interior, o que sepan cuántas personas van en el vehículo, sobre todo en el caso de las mujeres que suelen andar solas. Ni AMET ni la Policía Nacional están en condiciones de demostrar, con las estadísticas en las manos, que los vehículos con los cristales tintados son una amenaza a la seguridad ciudadana, por lo que sale sobrando una medida tan inútil como arbitraria.

ADP al ataque

La ADP, en ánimo levantisco en estos días, ha vuelto a arremeter contra las autoridades educativas, a las que acusa de cancelar a los maestros que no puedan probar, con el carnet en la mano, su militancia peledeísta. Se trata del mismo pleito, sin embargo, que vienen librando el gremio magisterial y Alejandrina Germán casi desde el mismo 16 de agosto, a raíz de las cancelaciones de cientos de maestros que habrían sido nombrados de manera irregular en la pasada administración, nombramientos que el gremio magisterial parece dispuesto a defender en cualquier terreno. Eso explica su decisión de sumarse a la petición hecha de manera formal por Doña Milagros para que se publique la lista de conserjes que habrían sido ascendidos a maestros, en violación a la Ley General de Educación, en los agitados días de la transición. Tanto la ADP como la ex Vicepresidenta parecen convencidos de que la publicación de esa lista probará ante la opinión pública quién tiene, finalmente, la razón. ¿Qué opinará doña Alejandrina?