A pesar de que el doctor Jorge Subero Isa, presidente de la Suprema Corte de Justicia, ha utilizado una hipérbole, nadie se había aproximado tanto a las verdaderas dimensiones del problema al que nos enfrentamos como sociedad, aunque no sea estrictamente cierto -como señala el doctor Subero- que existe una mayor cantidad de armas de fuego en manos de la población que las que poseen, en su conjunto, el Ejército y la Policía Nacional.

Si así de mal están las cosas, algo que a estas alturas ya nadie duda, la pregunta lógica, la que se cae de la mata, es la siguiente: ¿Cómo desarmar a un “ejército” tan numeroso, cómo salir a recoger todas esas armas y cómo determinar quién califica, por la naturaleza de sus actividades, para poseer una? ¿Quién se va a encargar, y mediante cuáles métodos, de recoger las armas ilegales, que nadie sabe cuántas son ni quién las tiene? ¿Quién desarmará a los delincuentes, con frecuencia mejor armados que la propia Policía? Desarmar a la población, una solución que cada día que pasa  suscriben más sectores, parece el camino más corto para hacer frente a un problema que hace rato se salió de control, pero eso es más fácil decirlo que hacerlo. Hará falta una buena dosis de imaginación, y más que nada mucha voluntad política, si queremos que  esa ingente tarea, tan urgente como necesaria, llegue a feliz término.

A doña Alejandrina

Una lectora de esta columna, que dice recoger el sentir de otros padres que vienen atravesando por la misma situación, quisiera que alguna autoridad de la Secretaría de Educación se dé una vueltecita por la escuela “Juventud en Desarrollo”, en la avenida Tiradentes esquina Najayo del sector La Agustina, para que comprueben con sus propios ojos la “irresponsabilidad” de la directora de ese plantel y sus profesores y profesoras. Cuenta la lectora que con demasiada frecuencia los padres deben permanecer con sus hijos fuera de la escuela hasta las 9:00 de la mañana debido a que ni la directora de turno ni los maestros han llegado, y hasta se ha dado el caso de que tienen que regresar a las casas con sus muchachos, con todos los trastornos que eso supone, cuando no ocurre que reciben la mala noticia de que, por falta de vigilancia y supervisión, estos  se pelean y lastiman entre sí. La situación, como es lógico suponer, ha generado un gran malestar y desconfianza entre los padres, que esperan que un centro donde estudian niños tan pequeños les preste una atención especial. Confiemos en que el “mandado” haya llegado a sus destinatarios, y más que nada que algún inspector de la secretaría de Educación se traslade “al lugar de los hechos” a comprobar lo que está ocurriendo en la escuela “Juventud y Desarrollo”.

¿Por qué no lo recibe?

Nadie está en capacidad de decir, hasta que no lo sufre en su propia y doliente carne, lo que siente un padre cuando pierde un hijo. Por eso no hace falta abundar mucho sobre sentimientos para los cuales no hay palabras, como bien sabe Nemem Nader Rodríguez, padre de Yasser Alberto Nader Rojas, muerto de 9 balazos en el parqueo de la discoteca Loft en un incidente todavía no aclarado por la Policía Nacional. Precisamente para saber qué pasó realmente esa noche es que Nemem Nader quiere que el teniente general Bernardo Santana Páez lo reciba, tal y como ha hecho con los padres de los otros dos jóvenes muertos, pero hasta ahora no ha tenido suerte. Extraña y sorprende que un hombre tan abierto y locuaz como Santana Páez se niegue, en las presentes circunstancias, a recibir a un padre desgarrado por el dolor, una incomprensible actitud que solo contribuye a fortalecer la creencia de quienes aseguran que la institución del orden está protegiendo a una de las partes envueltas en esa lamentable tragedia, y eso ni es justo, ni es decente y mucho menos legal.