Qué se dice
¿El peso de la ley?

Lo mejor que ha podido pasarle al gobierno, enfrascado desde hace semanas en un tenso tira y afloja con los transportistas, es que estos decidieran aplicar el alza de la tarifa solo a los autobuses y minibuses, tal y como dispuso la resolución de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), que la gente de Ramón Pérez Figuereo amenazó con extender unilateralmente al concho con la cínica excusa de que esos nobles y sufridos obreros del volante fueron ignorados por las autoridades.

Tanto el ingeniero Diandino Peña, en su calidad de director de la OPRET, como Antonio Peña Guadalupe, director de la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT), amenazaron con aplicar “todo el peso de la ley” a quienes se atrevan a desafiar su autoridad más allá de lo anunciado, como si de repente hubieran olvidado que en el ordenamiento jurídico dominicano no existe ninguna ley que sancione los desmanes de los transportistas, y si existe nunca hemos tenido un gobierno dispuesto a hacerla respetar, que para el caso es lo mismo o acaso peor.

De bachata y algo más

Es comprensible que algunos puristas y defensores a ultranza de la institucionalidad bien entendida critiquen el gesto del presidente Fernández de complacer al popular bachatero Anthony Santos, con quien compartió “de ahí a ahí” en un encuentro en el Palacio Nacional, disponiendo el inmediato arreglo de las calles de Las Matas de Santa Cruz, su pueblo natal, a cambio de una bachata que este prometió componerle al mandatario. Se trata, desde luego, de una decisión de corte eminentemente populista, muy alejada de la prédica institucionalista y modernizante que ha caracterizado el discurso del mandatario desde que asumió, por segunda ocasión, la Presidencia de la República, pero que sin duda agradecerán los compueblanos de Anthony Santos, que es lo que realmente importa a los fines e intereses del reeleccionismo aposentado en el Palacio Nacional.

La misma vara

Se quejaba ayer Orlando Jorge Mera, secretario General del Partido Revolucionario Dominicano, de que la Junta Central Electoral no haya actuado con la misma diligencia a la hora de exigirle a los precandidatos del Partido de la Liberación Dominicana que cumplan con el requisito legal que les obliga a informar al organismo lo que piensan gastar en su campaña interna, como hiciera en su momento con los precandidatos perredeístas, por lo que exigió al tribunal de comicios hacer cumplir los mandatos de la ley electoral y, mas que nada, medir a todos los partidos políticos, oficialistas y opositores, con la misma vara. Lo que está reclamando Jorge Mera no es nada del otro mundo, o por lo menos nada que esté más allá de las naturales funciones de la institución responsable de organizar las elecciones y supervisar, de igual manera, los procesos internos de los partidos y los recursos que en ellos se invierten.