«Este país no resiste un fraude de mil millones de pesos». Con esta lapidaria frase resumió el doctor Francisco Domínguez Brito las intenciones del gobierno al emprender acciones judiciales contra un grupo de sindicalistas y ex funcionarios del Plan Renove, a quienes se responsabiliza de las irregularidades detectadas en ese programa. La Procuraduría General de la República, que en este caso dice haber tenido el cuidado de cumplir rigurosamente con todos los periquitos que exige la ley, lo que los expertos llaman «el debido proceso», ha dado por fin el esperado paso, pero ojalá esté consciente también de que una vez ha echado a andar la inexorable rueda de la justicia no puede haber marcha atrás, a menos que se quiera dar la razón a los que piensan -y así lo proclaman a los cuatro vientos- que se trata de otro show político mas. Es verdad, como bien señala el doctor Domínguez Brito, que este país no resiste un fraude de mil millones de pesos, pero tampoco otra mascarada disfrazada de lucha contra la corrupción.

Reciprocidad

La decisión del doctor Francisco Domínguez Brito de solicitar la extradición a Estados Unidos del ciudadano israelí Sam Goodson, en caso de que este no se presente ante las autoridades dominicanas para ser interrogado en relación a las irregularidades detectadas en el Plan Renove, pondría a prueba la validez del principio de reciprocidad que debe normar las relaciones entre dos países, sobre todo en lo que se refiere al cumplimiento de los tratados bilaterales que rubrican, como es el caso del acuerdo de extradición entre República Dominicana y Estados Unidos en vigencia desde hace casi cien años. Hace apenas 24 horas que el gobierno del doctor Leonel Fernández autorizó, mediante decreto, la entrega a las autoridades norteamericanas de 11 compatriotas a los que se acusa de la comisión de varios delitos en territorio norteamericano, entre ellos narcotráfico, homicidio y lavado de dinero. ¿Actuarán las autoridades norteamericanas con la misma presteza que sus homólogas dominicanas, a fin de conseguir que Mister Goodson responda por sus hechos ante nuestros tribunales? Como decía Santo Tomás: ver para creer.

Métodos de lucha

Si los médicos, que ayer volvieron a desenterrar sus hachas de guerra al anunciar el reinicio de las huelgas en los hospitales públicos, tuvieran la suerte de los choferes, o mejor dicho de los «sindicalistas» que los representan, no hubieran tenido nunca la necesidad de llevar tan lejos un método de lucha tan abusivo como inútil. Y la razón es tan sencilla, que no hace falta romperse la cabeza con complicados análisis sociológicos: la capacidad de chantaje de los choferes, a partir de su probada capacidad para perturbar la paz pública, no es comparable a las alharacas de los médicos, que al fin y al cabo solo castigan a los infelices que acuden a los hospitales, infelices que, de todas maneras, nunca le han importado demasiado a los políticos, a no ser en tiempos de zafra electoral. Ahora ha sido el Plan Renove el que ha puesto en evidencia la «debilidad» de nuestros gobiernos con los sindicalistas metidos a empresarios del transporte, pero ya antes fueron los «taxis pollitos» que repartió la anterior administración peledeísta, y mucho antes -¿acaso las habían olvidado ya?- las patrióticas «banderitas».