Cuando el licenciado Danilo Medina participó, en su calidad de precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, en el almuerzo semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, se le preguntó de manera expresa, abierta y deliberada si consideraba posible la ocurrencia de un fraude o cualquier otro tipo de irregularidad que pudiese alterar, de manera ilegítima, el resultado del llamado Congreso Elector, lo que no solo descartó de plano sino que elogió la solvencia moral de los miembros de la comisión electoral que presidió el doctor César Pina Toribio, mostrándose confiado en la transparencia y diafanidad del proceso. Todo esto a propósito de las objeciones a los resultados del boletín número cuatro, con el que se dio por computado el 100% de las mesas de votación, del delegado del licenciado Medina ante la Comisión Nacional Electoral del PLD, Fernando Fernández, pues siempre es bueno poner las cosas en su justo contexto antes de arnar un alboroto por afirmaciones que carecen en lo absoluto de fundamento.

Protestas contra la JCE

  La decisión de la Junta Central Electoral de cobrar 35 dólares por la emisión de la cédula de identidad y electoral ha desatado una tormenta entre la comunidad dominicana radicada en la ciudad de Nueva York, que hoy realizará una marcha, en la que sus organizadores esperan participen alrededor de 10,00 personas, en reclamo de que el tribunal de comicios desista de un cobro que consideran ilegal. Máximo Padilla, presidente del Comité del Dominicano en el Exterior (Codex), una de las organizaciones que promueve la marcha, dice que el cobro de dinero por la cédula es una violación a la ley 275-97, que en su artículo 39 establece que la JCE debe emitir en forma gratuita el documento indispensable para los dominicanos ejercer el derecho al sufragio tanto en su país como en el extranjero.

Decisión antidemocrática

  La comunidad criolla en la gran urbe no es la única, sin embargo, que critica la decisión del tribunal de comicios de cobrar por la emisión de un documento que se entiende fundamental para el ejercicio de un derecho tan caro a la democracia como lo es el derecho al sufragio. Esta semana el diario La Prensa, en su edición digital, dedicó un editorial a las protestas por el cobro de la cédula que tituló “Bloqueando los votos dominicanos”, en el que resalta el hecho de que los dominicanos residentes en Estados Unidos contribuyen, con sus remesas, con el 10% del Producto Interno Bruto de República Dominicana. “La imposición de tarifas para ejercer el derecho al voto está reconocida universalmente -y condenada- como un impedimento antidemocrático para votar. El resultado directo es desanimar la participación. Los críticos también alegan que el gobierno ha recibido préstamos multimillonarios en dólares del Banco Mundial destinados a financiar el proceso electoral”, dice en uno de sus párrafos el citado editorial. ¿No existe otra forma, menos antidemocrática, de la JCE agenciarse los recursos que requiere para cumplir con sus planes y proyectos?