No hay dudas de que el principal agravante del serio problema de criminalidad y delincuencia que padece la sociedad dominicana lo es la participación, sea en calidad de cómplices o protectores a cambio de un peaje, de miembros de la Policía Nacional.

La frecuencia conque los periódicos dan cuenta del involucramiento de agentes policiales en hechos delictivos así lo testimonia, para alarma y espanto de una ciudadanía que se siente doblemente indefensa cuando ve que aquellos llamados a protegerla se han pasado al bando los malos, por lo que  en lugar de inspirar confianza y seguridad inspiran recelo y temor.

La más reciente demostración de que, en materia de seguridad pública, estamos en manos del enemigo, lo ha sido la cancelación de un mayor, un sargento y un cabo de la Policía por interferir la central de radio de la institución para favorecer la tarea de los delincuentes, a quienes facilitaban información privilegiada para impedir que los apresaran.  Se ha dicho tantas veces que suena a cantaleta, pero como nadie hace caso hay que seguirlo repitiendo: ningún esfuerzo que se haga, por   y bien intencionado que sea, para combatir la delincuencia  tendrá éxito si antes no se produce una profilaxis a fondo, sin miramientos ni contemplaciones, de las filas policiales.

Mano dura

Todo indica  que la política de mano dura que actualmente impera en la Policía Nacional se hará extensiva a la Autoridad Metropolitana del Transporte (AMET), donde su director, el general Latif Miguel Mahfoud Rodríguez, parece estar convencido de que solo así se logrará meter en cintura a tanto desaprensivo que anda por ahí con un guía en las manos. El general Mahfoud Rodríguez reveló ayer que coordina acciones con los fiscalizadores a fin de que estos soliciten a los jueces el encarcelamiento de los ciudadanos que no asistan a las charlas que se les imponen como castigo por violar la ley de tránsito, pero en lo que esas diligencias rinden sus frutos ya decidió publicar en los periódicos los nombres de los infractores a la ley 241, que en lo adelante se verán expuestos -ellos y sus familias- al bochorno público de ver sus nombres en una lista de esa naturaleza. Cualquiera que salga a la calle y viva por sí mismo el caos que caracteriza nuestro tránsito, el total irrespeto a las normas, la falta absoluta de cortesía, estaría de acuerdo en que hace falta una mano bien dura que ponga un poco de orden en ese inmenso caos, siempre y cuando esa mano dura se utilice única y exclusivamente para hacer cumplir la ley.

Pobreza y codicia

Dice Max Puig, ex secretario de Medio Ambiente, que la pobreza y la codicia son una amenaza permanente para el medio ambiente y los recursos naturales,  tanto si se trata del campesino -dominicano o haitiano- que le prende fuego a la falda de una loma para improvisar un conuco que le asegure la supervivencia, como del empresario que se asocia a intereses políticos para apropiarse de un trozo de parque nacional para explotarlo en su propio beneficio. Puig habla desde su propia experiencia, con absoluto conocimiento de causa, pues si algo aprendió a su paso por Medio Ambiente -como el mismo ha confesado- ha sido que así como todo el mundo aspira a una parte del presupuesto nacional asimismo ocurre con los recursos naturales: todo el mundo quiere un pedazo, como si se tratase de una piñata que tiene como premio nuestros ríos, playas y bosques.