Aunque ha sido bien recibido, el anuncio del presidente Fernández de que el gobierno no permitirá que se levanten viviendas en zonas vulnerables a desastres naturales existen  razonables dudas sobre la viabilidad de una decisión que llega, dicho sea de pasada, con años de retraso, pues se trata de un problema que ha adquirido dimensiones inmanejables precisamente por la falta de acción oportuna y firme por parte de nuestros gobiernos.

¿Qué pasará, por ejemplo, con las familias residentes en La Barquita, anegada por completo por las desbordadas aguas  del Ozama? ¿Se les impedirá volver a sus “hogares”, regresar a sus miserables condiciones de vida, como de hecho ya está ocurriendo, porque simplemente no tienen otro lugar a dónde ir? ¿Cómo se impedirá, una vez desalojadas las miles de familias que habitan las llamadas zonas vulnerables, que otras familias ocupen su lugar como ya ha sucedido antes? No se trata de escepticismo, falta de confianza en el gobierno y sus propósitos o que se dude de la palabra y la voluntad del Presidente de la República, pero está claro que cuando el mandatario habla de que se evitará que nuestros pobres construyan sus viviendas en zonas vulnerables solo puede estar hablando en sentido figurado.

Querellas
Cuando la doctora Laura Hernández, directora de la Oficina de Defensoría Pública, la emprendió contra los fiscales adjuntos, a los que acusó  de ocultar pruebas a los jueces para provocar que determinados procesos se “caigan” la respuesta, de parte del Ministerio Público, no se hizo esperar. El doctor José Manuel Hernández Peguero, fiscal del Distrito Nacional, no solo le salió al frente a esa acusación negándola en forma categórica sino que acusó  a los defensores públicos de haberse distanciado de los motivos y las causas que les dieron origen, constituyéndose en un obstáculo para la conclusión de los procesos cuando entienden que desfavorecen a sus defendidos. El  agrio tirijala público hubiera continuado de mal en peor, para desgracia de la imagen del sistema de administración de justicia en República Dominicana, si la tormenta Noel no la hubiera ahogado -literalmente- con las copiosas lluvias desparramadas sobre el territorio nacional. Hace un tiempo la Suprema Corte de Justicia y el Ministerio Público   acordaron una tregua entre jueces y fiscales para evitar, precisamente, que las querellas entre jueces y fiscales se saquen de los tribunales afectando, por vía de consecuencia, la credibilidad del sistema judicial, pero es evidente que  ese acuerdo ha sido irrespetado o simplemente ignorado.

Vuelta a la normalidad
Los siquiatras dicen que el camino más corto para superar un trauma colectivo a causa de una catástrofe como Noel es hacer un esfuerzo por regresar a la normalidad y la rutina, procurar que todo vuelva -en la medida de lo posible, desde luego- a ser como era antes, sobre todo en el caso de República Dominicana, pues no sólo se trata de que el país y sus fuerzas productivas reencuentren lo más pronto posible su ritmo sino que también hay que dedicar esfuerzos y recursos a la ingente tarea de reconstruir lo dañado por la furia de la Naturaleza. Esa vuelta a la normalidad incluye, lamentablemente, a los partidos políticos, a los que la llegada de la tormenta sorprendió en plena campaña electoral, que ya empiezan a aceitar sus maquinarias proselitistas a fin de recuperar el terreno perdido, que en realidad no ha sido mucho pues hasta el estado de calamidad nacional en que dejó Noel al país ha sido aprovechado por nuestros políticos, empezando por el presidente-candidato, para hacer campaña.