El envilecimiento de la política llega cada vez más lejos. Ahí está ahora la frenética venta de cargos municipales. “Almas en subasta”, título de una taquillera película de los años cincuenta, fue una mera pincelada de la subordinación del individuo a las cosas materiales. República Dominicana lleva al paroxismo el poder del dinero a través de la política, sobre todo. Lo más grave es que toda esa  corrupción, que se mueve con desparpajo y descaro, gira en torno al Erario.

 Los ciudadanos de escasos recursos y de clase media, que trabajan y pagan más impuestos, son los que sufren las consecuencias de esa carrera loca por la plata. La nación salió de una tiranía sangrienta y depravada en el uso de la fuerza y el peculado, con las riendas del poder en manos de Rafael Trujillo. Ahora nos tiraniza la ambición por dinero de los políticos  sin principios  y sin recato.  Esta nueva hegemonía de la maldad que no recurre a las torturas ni a la persecución de ciudadanos, secuestra de todos modos a la República y  detenta a las instituciones como medio para el enriquecimiento.

La geografía de la sed

La prensa capitalina tendría material para escribir a diario, por meses y meses, sobre el  atraso en que vive la mayoría de los ciudadanos en barrios subabastecidos de agua potable, dependientes de chorritos esporádicos que no llegan a los baños y cocinas de las dos terceras partes de los hogares. La parte de Santo Domingo que se equipararía a Miami, con líquido constante que es almacenado en cisternas y servido a presión por bombas aspirantes impelentes, es un sector reducido.

La parte que por su miseria o precariedades coloca a la ciudad  en niveles vergonzosos en pleno siglo 21, es la más extendida. Además del gran cinturón de miseria que rodea a Santo Domingo, están los barrios de muchos  perímetros urbanos, arrabales nuevos o zonas decadentes que retrocedieron con el tiempo hacia el empobrecimiento de los servicios públicos. La patente reafirmación de que ésta es una sociedad en grave desequilibrio, en la que un 10%  de la población domina más del 60% del ingreso nacional. Un panorama que obliga a dudar mucho del futuro del país aunque los políticos  han logrado hasta ahora ascender y dominar  la República a base de promesas, populismo  y demagogia, al tiempo que relegan las transformaciones que deben reducir la inequidad.

Sistemas fallidos

 Con frecuencia se descubre que los pillos que son abatidos por la Policía en situación  delictiva, o son apresados por secuestrar o asaltar, estaban injustificadamente en libertad, porque la justicia “respeta” demasiado los derechos de esos malos ciudadanos, o les aplica muy defectuosamente las leyes. El Código y los mecanismos judiciales de reciente aplicación, proclamados como signos de modernidad, derivan de hecho  en garantías para los bandidos. Ahora los policías y los fiscales tienen que ser puntuales al someter y meticulosos y cabales en el manejo de los elementos probatorios  o los expedientes se caen. Vivimos en un país con incentivos dobles para  la criminalidad. De un lado el Estado que no ha servido  para masificar la formación de ciudadanos aptos para ganarse la vida honradamente, y por otro lado un sistema judicial blandengue y laxo. De modo que el auge de  la delincuencia (que tantas vicisitudes causa a la ciudadanía aunque la Policía minimice el asunto) está aquí bastante propiciado por insuficiencias y debilidades de más de un poder del Estado. Ningún sector puede eludir su responsabilidad, dicho esto como reacción mediática a cierta polémica entre la Secretaría de Educación y la Corte Suprema.