Cierta forma excesiva de protestar se ha hecho frecuente en  algunas rutas del país. En los últimos meses, la obstrucción del tránsito por la autopista Duarte (en puntos cercanos a la Capital) a causa de reclamos de comunidades de los bordes ha sido traumática, y hace poco hasta motivó la destitución del general del Ejército que para entonces  comandaba  la Primera Brigada.

Por otro lado, semanas atrás  hubo que suplicarles a irreductibles manifestantes que dieran paso, cerca de Puerto Plata, a varios autobuses repletos de autobuses que quedaron durante un buen tiempo impedidos de avanzar. Más recientemente la falta de agua en Estancia del Yaque, Navarrete, impulsó a sus moradores a hacerse dueños de la autopista al grito de “¡por aquí no podrá pasar nadie!” Más de dos horas estuvieron en eso a pesar de que nadie puede, legítimamente,  obstruir el paso al resto de los ciudadanos  violando la Constitución y las leyes.

Lo único que se podría decir en favor de quienes cometen tales atropellos es que las autoridades están obligadas a escuchar reclamos y a resolver oportunamente  problemas vitales de las comunidades. Aun cuando existe el derecho a la protesta pacífica, la obstrucción de carreteras es una aplicación  de fuerza. Que griten, pataleen y levanten pancartas pero que dejan pasar a los demás.

Alzas injustas

Los mercados de productores a cargo del INESPRE o del Plan Social de la Presidencia son útiles para resaltar escandalosas realidades en el costo de la vida. Cuando se hace comparación entre los precios de esos expendios de  artículos del agro y la pecuaria  y los que suelen regir en colmados y supermercados, se hace muy patente  la dura función encarecedora  que aquí ejercen muchos intermediarios tradicionales.

Las diferencias en perjuicio del comprador suelen ser del ciento por ciento y en algunos productos  podrían ser mayores. Tal y como ocurre con los servicios financieros y otros renglones de primer orden, como la telefonía y el suministro de gasolina, los márgenes de intermediación resultan a veces  abusivamente altos, ya sea por efecto de tributos desmesurados, por la búsqueda excesiva de lucros o por ineficiencias del mercadeo.

En un país en el que predominan salarios situados  por debajo del costo de la canasta familiar, resulta una gran injusticia que los precios nunca bajen, aunque haya motivos contundentes para el  abaratamiento, como son la reducción de la tasa del dólar,  la eliminación o disminución de aranceles o la recogida de cosechas abundantes, como sucede ahora con las papas y los plátanos y cíclicamente con el pollo y el cerdo.

Desconcierto

Aumentan las críticas que por diversos medios y desde diferentes sectores causa  el alud  de nombramientos públicos  que parecen orientados principalmente a favorecer a políticos recién llegados al oficialismo.

Se percibe desconcierto ante lo que algunos describen  como uso excesivo del poder para agigantar la maquinaria del reeleccionismo, lo cual va en contra de la neutralidad a que está obligado el Estado. Se trataría, a juicio de analistas, de un arma de doble filo, pues  lo que se logra con estas designaciones es satisfacer a  grupos  numéricamente insignificantes que son los únicos que en estos momentos  saltan de alegría y celebran su participación en la Cosa Pública.

Se entiende que el gobierno debió medir el impacto negativo que sobre el resto de la sociedad tendría  esta criticable creación de cargos bien remunerados. Es como si se esperara que los dominicanos ajenos al arribismo (que son la mayoría) fueran a dejar pasar esta forma de hacer política que se considera censurable y que el país ha debido superar de una vez y para siempre.