El encuentro de los secretarios generales de nuestros principales partidos políticos -PLD, PRD y PRSC- para acordar de manera conjunta, y en nombre de la gobernabilidad municipal, detener las cancelaciones  en los distritos municipales ha sido muy elogiado, probablemente porque constituye un raro gesto de madurez de nuestra clase política, más inclinada a la mezquina garata y a la descalificación del contrario que a la construcción de una convivencia más tolerante y positiva.

Pero así como se elogia y resalta esa voluntad de concertación  alrededor de un común propósito hay que criticar el vulgar y descarado oportunismo que se agazapa detrás de esas cancelaciones, pues a pesar de que la nueva ley de organización municipal no ha sido promulgada por el Poder Ejecutivo ya hay un grupo de síndicos y regidores queriéndose aprovechar del hecho de que la nueva legislación establece que los delegados municipales permanecerán en sus cargos  hasta el 2010, cuando serán escogidos en unas elecciones universales, para colocar a sus canchanchanes, socios o conmilitones. ¿Que cuál es la prisa? Versiones periodísticas hablan  de un botín a repartirse, entre regidores y síndicos, de alrededor de 400 millones de pesos, una suma respetable  por la que mucha gente estaría dispuesta a olvidarse, incluso, de la conveniencia de mantener la mentada gobernabilidad municipal.

Un gran reto

Aunque la Policía Nacional se ha negado, hasta ahora, a referirse al tema, las circunstancias que rodean la muerte del sargento de la institución Mariano Martínez Echavarría, quien se desempeñaba como escolta del Superintendente de Seguros Euclides Gutiérrez Félix, son imposibles de ignorar, mucho menos tratándose de quien se trata. Martínez, adscrito a la Compañía de Protección de Dignatarios del cuerpo del orden, fue encontrado muerto la noche del jueves pasado a la altura del kilómetro 30 de la vieja autopista Duarte; tenía dos balazos en la nuca, pero sus asesinos dejaron intactas todas sus pertenencias (una cartera con 430 pesos, su automóvil y hasta su arma de reglamento con dos cargadores), por lo que habría que descartar el robo como  posible móvil del asesinato. Parece uno de esos crímenes que, por sus características, nunca llegan a esclarecerse, pero aún así, y por tratarse de quien se trata, el teniente general Bernardo Santana Páez debería asumirlo como uno de los más grandes retos a los que se ha enfrentado a su paso por la jefatura policial.

Estadísticas

A pesar de que el gobierno insiste, sea a través del secretario de Interior y Policía o el jefe de la Policía Nacional, en que en el año que discurre han disminuído los hechos delictivos en comparación con el año pasado, lo que tanto el doctor Franklyn Almeyda como el teniente general Bernardo Santana Páez atribuyen al Plan de Seguridad Democrática y Barrio Seguro, la terca realidad insiste -y de qué manera- en desmentir esas optimistas afirmaciones. Los cinco atracos que se produjeron el pasado lunes, que dejaron un saldo de un muerto, seis heridos y seis detenidos, deberían convencernos a todos de que el auge de la delincuencia y la criminalidad va camino a convertirse en una crisis de seguridad pública, menos al jefe policial, quien considera esos hechos como algo “normal” dentro de las naturales fluctuaciones que suelen tener las hechos delictivos, apreciación que de seguro compartirá gustoso el  doctor Almeyda. De todas maneras, amigo lector, cuando salga a la calle tome todas las precauciones que crea pertinentes y necesarias, no resulte y vaya a ser que ese día las estadísticas sobre delincuencia sufran un natural incremento y sea usted, sin desearlo ni proponérselo,  otra más de sus tantas víctimas.