Ojalá pudiera el gobierno eludir la tentación de sobredimensionar su aparente victoria sobre los transportistas, a quienes un juez impuso como medidas de coerción una fianza de un millón de pesos, impedimento de salida del país y la obligación de presentarse todos los meses ante un fiscal, no sin antes obligarlos a amanecer presos en una incómoda celda de la cárcel de la fiscalía de la provincia Santo Domingo, en una decisión que ha provocado encendidas discusiones jurídicas sobre su legalidad, pues se les está acusando de ser corresponsables de un crimen -lanzar una bomba molotov contra un autobús repleto de pasajeros- en el que no participaron directamente ni tampoco en calidad de autores intelectuales.

 ¿Bastará la humillación de pasar una noche en la cárcel para disuadir a los transportistas de retomar el camino de la confrontación con el gobierno o será todo lo contrario? ¿Están las autoridades en capacidad de hacer frente a una eventual paralización del transporte no solo salvaguardando la integridad de las vidas y bienes de los ciudadanos sino garantizándoles también que ese día podrán llegar a sus centros de trabajo? Esas son las preguntas que debería estarse haciendo la gente del gobierno en estos momentos, en lugar de frotarse las manos por una victoria que tal vez solo anuncie el inicio de una guerra que promete ser larga.

Precedente
No obstante las discusiones sobre la legalidad de la decisión del magistrado Franklyn Concepción en perjuicio de los transportistas Antonio Marte, Ramón Pérez Figuereo, Juan Hubieres y Alfredo Linares hay mucha gente entusiasmada con la idea de que esa decisión se constituirá en un precedente jurídico y que, de ahora en adelante, se sancionará a los que promueven huelgas y protestas acompañadas de desórdenes y destrucción de la propiedad pública y privada. Pero hay quienes aspiran a mucho más, aunque sea pedir demasiado, pues quisieran que ese precedente sirva igualmente para poner fin a la impunidad que rodea las muertes en campaña electoral, un baldón que arrastramos desde nuestra prehistoria política pero que debe ser superado si en verdad queremos llegar a ser el país moderno e institucionalizado del que algún día podamos sentirmos orgullosos.

Coincidencias
Mientras Juan Hubieres, Ramón Pérez Figuereo, Antonio Marte y Alfredo Linares esperaban, luego de una larga noche tras las rejas, a que sus abogados los liberaran con el pago de una fianza de un millón de pesos cada uno, decenas de transportistas medianos y pequeños presentaban su renuncia de la Confederación Nacional del Transporte (Conatra) y la Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción (Fenatrano), para afiliarse a la Unión Nacional de Transportistas y Afines (Unatrafin), de reciente creación. Propietarios de autobuses, minibuses, carros del concho, choferes y operadores explicaron en rueda de prensa que renunciaron disgustados con los métodos “irracionales y violentos” de Conatra y Fenatrano de exigir sus reivindicaciones. Por supuesto, si esas oportunas desafiliaciones se producen en medio de denuncias tanto de Hubieres como de Antonio Marte en el sentido de que el gobierno alienta por trasmano la formación de nuevas asociaciones de transportistas para debilitar, socavar o neutralizar sus organizaciones es pura coincidencia.