Que nos perdone el doctor Roberto Rosario, juez de la Junta Central Electoral, si acaso parece que queremos llevarle la contraria, pero la decisión del gobierno de reducir, de manera unilateral, el presupuesto del tribunal de comicios, es mucho más que una simple «indelicadeza», sobre todo si tomamos en cuenta que ninguno de los jueces de la JCE ha sido invitado a los encuentros celebrados entre las autoridades económicas y representantes de organismos autónomos y entidades descentralizadas, incluída la Procuraduría General de la República, cortesía que igualmente se dispensó a los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, el secretario de la Liga Municipal Dominicana y representantes de la Federación Dominicana de Síndicos, a los que también se informó que tendrían que conformarse con una asignación presupuestaria inferior a sus expectativas. Tan notorio olvido, desde luego, es imposible de pasar por alto, mucho menos siendo de conocimiento público la enorme tarea que la JCE tiene por delante, empezando por la implementación del voto electrónico y la organización de las primarias de los partidos políticos, para lo cual necesitará, según cálculos del tribunal, cerca de 800 millones de pesos. El gobierno ya empezó mal sus relaciones con el Poder Municipal, tratado a empellones sin ninguna necesidad. ¿Ahora le toca el turno a la JCE?

Pecado sin pecador

Uno no sabe, realmente, qué es peor: si enterarse de que muchas estaciones de expendio de combustibles mezclan con keroseno la gasolina que despachan a sus incautos clientes, o enterarse, por vía de la misma institución que hace la denuncia, responsable además de garantizar la calidad de los productos que llegan al consumidor, que todo se limitará a señalar el pecado sin revelar el santo y la seña del pecador, para que así los conductores sepan, por lo menos, dónde no ir a echar combustibles. Esa actitud, sin embargo, no es un comportamiento patentizado por el señor Julio Santana, incumbente de la Dirección de Normas y Sistemas de Calidad (DIGENOR), pues se trata de una actitud que viene de lejos, una conducta aprendida no se sabe cuándo ni de qué manera, pero que ha llevado a nuestros servidores públicos (nótese que hemos evitado, deliberadamente, utilizar la palabra funcionario) al convencimiento de que «el buen nombre» de los comerciantes y empresarios que incurren en ese tipo de delito merece más respeto y consideración que el pobre, sufrido e indefenso consumidor.

La cumbre

Convocar una cumbre en la que participen los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, el secretario de la Liga Municipal Dominicana, con la mediación de monseñor Agripino Núñez Collado y el presidente Leonel Fernández como testigo de excepción, con el único propósito de encontrarle una salida al lío desatado por la decisión del gobierno de recuperar los equipos traspasados a los ayuntamientos durante la pasada administración, luce completamente desproporcionado, sobre todo tratándose de un problema que nunca debió adquirir tales dimensiones. Lo que más ha llamado la atención de esa convocatoria, empero, es el hecho de que se excluyera de la discusión al responsable de todo este embrollo, el doctor Franklyn Almeida, en su condición de secretario de Interior y Policía. ¿Acatará el doctor Almeyda lo que se acuerde en una cumbre en la que no se le permitirá explicar o defender sus razones, sobre todo si supone revertir una medida que si bien puede considerarse «legal» ha sido puesta en práctica de la peor manera posible? La pregunta queda en el