Alguien debería explicar porqué al gobierno «le da par de tres», como se dice popularmente, lo que ocurre en Licey al Medio, donde entró en su quinto día la huelga que promueven organizaciones populares en demanda de una serie de reivindicaciones. Esa indiferencia, inexplicable en un gobierno en campaña electoral, empieza a preocupar a empresarios y comerciantes, pero más que nada a los productores avícolas, que ya han dado señales de alarma ante la posibilidad cierta de que la extensión del conflicto provoque el colapso de sus negocios. ¿Puede el gobierno darle la espalda a un problema que afecta a una de las zonas más productivas del país sin que se le acuse de eludir sus responsabilidades? No todos los conflictos hay que dejárselos a monseñor Agripino Núñez Collado, a quien hemos sobrecargado de querellas innecesarias y en su mayoría evitables, sobre todo porque nunca habrá mejor mediador que un gobierno verdaderamente comprometido con el bienestar de todos sus gobernados.

Cuentas incobrables

  Nadie sabrá nunca cuánto le ha costado a este país, en términos materiales y medio ambientales, el rockash depositado en Montecristi y Samaná, por el que el gobierno ha decidido pagar un millón de dólares a dos empresas cementeras para que lo incineren en sus grandes hornos. Se le ha dado muchas vueltas a un problema difícil de resolver dada la naturaleza altamente contaminante de ese material, pero parece que al fin apareció una solución a un precio «razonable». Ha sido precisamente para compensar en algo ese alto costo que las autoridades encaminan una demanda por daños y perjuicios por 80 millones de dólares contra la empresa AES Corporation, radicada en Puerto Rico, pero lo sensato y realista es no hacerse muchas ilusiones con una demanda de ese tipo. De todas maneras si alguien se anima a sacar cuentas de lo incuantificable sírvase anotar la cifra total, cualquiera que sea, en el renglón de cuentas incobrables de un Estado pobre al que la voracidad e ineptitud de sus políticos no han conseguido quebrar .

Armas de guerra

  Los distintos organismos investigativos de las Fuerzas Armadas deben apurar el paso para determinar el origen de las «armas largas», entiéndase las fabricadas para hacer la guerra con alto poder de fuego, en posesión de las personas equivocadas, como el caso de los cuatro hombres que el jueves en la noche mataron a balazos a un capitán retirado de la Fuerza Aérea, del fusil de asalto que las autoridades policiales decomisaron durante un allanamiento practicado 24 horas antes en Capotillo, sin dejar de mencionar las «armas de todos los calibres» que testigos aseguran haber visto en manos de los «manifestantes» que que ayer se enfrentaron a tiros con la Policía en Licey al Medio. ¿De dónde salen esas armas? Es probable que vengan de Haití, pero tampoco hay que descartar alguna sustracción o «pérdida» en las intendencias militares. Pero sea cual sea el origen de esas armas lo cierto es que se trata de una fuente de abastecimiento que urge cortar cuanro antes, si queremos equilibrar un poco la guerra a muerte que esta sociedad libra contra la delincuencia y la criminalidad.