La doctora Aura Celeste Fernández acaba de agregarle un nuevo ingrediente a la crisis interna -ya nadie duda en calificarla así- por la que atraviesa la Junta Central Electoral, que hasta el día de ayer creíamos reducida al enfrentamiento entre su presidente,  doctor Julio César Castaños Guzmán, y el presidente de la Cámara Administrativa,  doctor Roberto Rosario, por el  control de la implementación del reglamento de campaña.

En una carta a la dirección de este diario, reproducida íntegramente en el día de ayer, la doctora Fernández dice que la manzana de la discordia no es el llevado y traído reglamento sino “las competencias de los órganos, que en estos momentos han sido asumidas de manera desbordada por la Cámara Administrativa, la que a su vez pretende limitar a su más mínima expresión las facultades del Pleno de la Junta Central Electoral…”.

Cuestionado por los periodistas sobre las opiniones  de Aura Celeste, el doctor Rosario prometió responderlas en un documento público, en nombre del organismo  que preside,  en los días por venir, pero reiteró su denuncia de que en la JCE hay gente que desde que llegó está interesada en crear una crisis ficticia movida tan solo por su ambición de poder. ¿En qué parará la cosa? Si seguimos la lógica de los acontecimientos que hasta ahora han tenido lugar en el tribunal de comicios hay que esperar lo peor, para desgracia de una democracia que creyó haber superado estos sobresaltos. Por eso hay que pedirle a monseñor Agripino Núñez Collado, el eterno mediador de nuestras eternas crisis, que no se vaya muy lejos.

 La poderosa sociedad civil

La mentada sociedad civil, tan vilipendiada como incomprendida, atraviesa una de sus más duras pruebas desde que empezó su accionar, de manera formal, en la vida pública del país, pues acaba de ser acusada  por los abogados de los principales imputados en el fraude en Baninter de constituirse en turba para ejercer presión sobre los jueces que conducen el proceso.

El pecado de Participación Ciudadana, o mejor dicho de sus directivos, el conocido periodista Juan Bolívar Díaz y el licenciado Javier Cabreja, ha sido asistir a la audiencia en el momento en que la barra de la defensa expone sus argumentos en procura de desmontar las acusaciones contra sus defendidos, como lo han hecho otros ciudadanos y ciudadanas. Decir que tanto Juan Bolívar como Cabreja están en capacidad, con su sola presencia, de influir en el desenlace del proceso es atribuirle un poder que nunca ha tenido y que probablemente nunca tendrá la sociedad civil, a no ser en algunas mentes calenturientas desesperadamente  necesitadas de argumentos creíbles y convincentes.

 No matarás

Hace tiempo que sabemos que matar los delincuentes no acaba con la delincuencia, como ha quedado evidenciado  desde que el general Pedro de Jesús Candelier virtualmente patentizó los intercambios de disparos como forma de combatirla,  práctica a la que han dado continuidad, con mayor o menor intensidad, todos y cada uno de los jefes policiales que le han sucedido hasta el día de hoy.

¿Por qué se siguen produciendo  si, como dice el padre Luis Rosario,  solo contribuyen a generar más violencia  y más muerte? Porque, lamentablemente, la Policía Nacional no conoce otro método más eficaz para enfrentarla, pues a pesar de los innegables avances que ha experimentado la institución en los últimos años,  de todo lo que se ha invertido en la profesionalización de sus miembros, en la adquisición de laboratorios criminológicos, en modernos equipos de radio comunicación, en computadoras o en vehículos para las tareas de vigilancia y patrullaje, sigue muy lejos de ser la policía que demandan los tiempos que corren, pues allí todavía son más útiles y necesarios los matarifes que los investigadores.

Agréguele a eso las presiones que ejerce la opinión pública, incluídos importantes líderes religiosos, sobre los gobiernos cuando sienten que la delincuencia se desborda, y sabrá porqué ha sido tan fácil para el mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín recurrir al cínico argumento de que sus agentes solo actúan en legítima defensa.