Aunque al síndico de La Vega, Fausto Ruiz, se le vio muy satisfecho y complacido a su salida de la reunión que sostuvo, en su calidad de presidente de la Federación Dominicana de Municipios, con el presidente Leonel Fernández, y muchos se estén frotando por anticipado las manos con la cantidad de recursos -RD$14,983 millones,  según cálculos de la secretaría de Hacienda- que recibirán los ayuntamientos a través del Presupuesto Nacional con la concesión del 8% ofrecida a los cabildos, no hay motivos para celebrar.

No hay porqué aplaudir el hecho de que el gobierno, o mejor dicho quienes lo administran, se de el lujo de decidir hasta dónde, o en qué porcentaje, da cumplimiento a una ley votada por el Congreso Nacional, en este caso la 163-07 que ordena se consigne en el  Presupuesto Nacional el 10% de los ingresos fiscales a los ayuntamientos, que simplemente pretende canalizar hacia los gobiernos locales los recursos que estos necesitan para ofrecer un mejor y más eficiente servicio a sus munícipes. Al negarse, una vez mas, a darle a los ayuntamientos lo que le acuerda la ley, el gobierno da un pésimo ejemplo que, tarde o temprano, terminará pesándonos.

Zona Colonial

El ayuntamiento del Distrito Nacional, con el síndico Roberto Salcedo a la cabeza, tiene grandes planes para la Zona Colonial, nuestro viejo casco histórico, a fin de devolverle la importancia que merece como patrimonio cultural de todos los dominicanos y del mundo, esfuerzo en el que prevé invertir cuantiosos recursos, tantos como ha hecho necesario la degradación del principal atractivo turístico de la Ciudad Primada y directamente proporcional a la desidia de las autoridades que durante años han permitido que eso suceda. Sin embargo, para que ese esfuerzo y esa inversión rindan sus frutos deben ser acompañadas de la solución al problema de la seguridad ciudadana que, desde hace años, sufre la Zona Colonial de tiempo en tiempo, precisamente lo que está ocurriendo en estos días, y casi siempre por la misma razón; la ausencia de vigilancia por parte de las autoridades, precisamente la razón por la que tanto residentes como comerciantes de la zona están al grito con los atracos y asaltos a plena luz del día, sin ningún recato ni disimulo y sin que ninguna autoridad lo impida. Se dice que la culpa es de los agentes de Politur, responsables de la vigilancia de la zona, que de un tiempo a esta parte han desaparecido sin dar explicaciones.

 Democracia costosa

Se dice rápido y se dice fácil, de hecho al ingeniero Miguel Vargas Maldonado “se le zafó” en un momento de su participación en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, pero mil millones de pesos -lo que el candidato presidencial perredeísta calcula  costará finalmente su campaña- es muchísimo dinero, tanto que muchos de los periodistas presentes en ese encuentro se pusieron de inmediato a calcular las escuelas, los puentes, las casitas, en fin, una inacabable lista de necesidades que podrían resolverse en este país con todo ese dinero. Hace tiempo que nos venimos quejando de lo cara que nos está saliendo vivir en democracia, demasiado costosa para tan pobres resultados, pero cuando escuchamos lo que gastarán los perredeístas en su afán de mudarse al Palacio Nacional o lo que está pidiendo la JCE (RD$3,000 millones) para garantizar que la tan cacareada fiesta de la democracia se celebre en paz y armonía, es cuando caemos en la cuenta del gran negocio que ha sido esta insuficiente y fallida democracia para nuestra clase política.