Muchos expedientes podrían seguir apareciendo, de ahora en adelante, como una forma de hacer patente el atraso que arrastra, desde hace años, la Suprema Corte de Justicia en el conocimiento de asuntos de extraordinaria importancia para el país y sus instituciones, pero otras tantas razones podrían ser capaces de esgrimir sus jueces para justificar, o en todo caso explicar, un atasco de las proporciones señaladas. Pero en lo que el hacha va y viene y tan peliaguda cuestión se convierte, con el estímulo de la opinión pública, en una discusión en la que habrán de participar, como siempre, mansos y cimarrones, conviene tomar nota de un detalle que no puede pasarse por alto so riesgo de incurrir en un costoso error de perspectiva: todo ese alboroto también significa que nuestro más alto tribunal de justicia necesita, para merecer ese calificativo, mucho mas que una casa digna y esplendorosa conqué cobijar la digna investidura de sus jueces.

Caídos en servicio

El conmovedor encuentro organizado por la Asociación de Esposas de Oficiales de la Policía Nacional, en el que se ofreció un divertido show de payados y se repartieron juguetes entre cientos de niños hijos de mienbros de la institución muertos en el cumplimiento del deber, nos obliga a echar una mirada sobre esa otra cara, particularmente dolorosa, de la lucha contra el crimen y la delincuencia que nos mantiene en jaque. El jefe de la Policía Nacional, mayor general Manuel de Jesús Pérez Sánchez, resaltó el carácter sin precedentes del encuentro, pero también la alta significación que tiene para la institución la entrega y el sacrificio de esos policías. Enaltecer la memoria de esos agentes enaltece, igualmente, a quienes se han ocupado de recordarle al país que la Policía Nacional también tiene víctimas que llorar en una guerra que -tal y como están las cosas- solo puede ser a muerte.

Maravillas criollas

El periódico El Nacional confirmó ayer que Bolívar Alcántara, el guardián privado que la pasada semana mató al gerente de la empresa para la que trabajaba e hirió de gravedad a un camarógrafo, había sido declarado en el año 2000 no culpable de la muerte de su madre y de provocar serias heridas a un hermano, por entender que cometió esos hechos bajo estado de demencia. La sentencia de la jueza también disponía su internamiento en un centro de salud especializado, bajo la vigilancia de la Policía Nacional y del Ministerio Público, pero el sangriento episodio de la semana pasada demuestra que no se acogió el dictamen de la magistrada. Mientras tanto ese «demente» se las arregló para que una empresa de vigilancia contratara sus servicios, luego de que una sicóloga adscrita a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, el organismo regulador del sector, lo encontrara «apto» para trabajar. Y todo eso ocurre, por si no se ha dado cuenta todavía, en el mismo país -definitivamente maravilloso- donde un hombre puede ingresar al Ejército Nacional a pesar de estar bajo vigilancia de la Dirección Nacional de Control de Drogas, que lo considera sospechoso de ser un narcotraficante, para en el tiempo récord de apenas tres años convertirse en un influyente capitán con muy buenos amigos y mejores relaciones políticas.