Lo que está ocurriendo actualmente con la construcción del Metro en los alrededores del campus de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) reitera el proceder abusivo que contra transeúntes y automovilistas  cometen  algunos ingenieros y contratistas, tanto del Estado como del sector privado, al crear puntos críticos en diferentes partes de la ciudad. 

 Lo común en este medio es que las excavaciones y demoliciones se emprendan sin medir las consecuencias que consisten en  inusitados obstáculos y peligros para quienes tienen que transitar por vías públicas en las cercanías de las obras. ¿Qué sería lo correcto y decente? Que los auspiciadores de trabajos urbanos delimiten corredores libres de riesgos en sus “zonas de desastre”, tanto para que la gente pase como para que los vehículos tengan algunos lugares para estacionarse de manera provisional. Muchos estudiantes se quejan del estado ruinoso en que se encuentran algunos accesos a la UASD. La ley debe estar siempre por encima de quienes crean estos perjuicios, aunque se trate de que están construyendo obras para el propio  Estado. El síndico Roberto Salcedo, que ha tenido un discurso permanente en contra de la usurpación y uso perjudicial  de los espacios públicos (sin importar los motivos que se tenga para ello) debiera salir en defensa de la familia universitaria.

¿Con cañones o con ley?
Contrastando con las aspiraciones del activo y resuelto diputado de la Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo, partidario de abrir fuego contra las naves del narco que estén siendo perseguidas, el jefe de la Fuerza Aérea, mayor general Pedro Rafael Peña Antonio, propone que los medios utilizados para el tráfico de sustancias prohibidas sean incautados en buenas condiciones  para que entonces puedan ser empleados por las autoridades para contrarrestar la ilícita actividad.

Sucede que por falta de una ley, en República Dominicana, a diferencia de otros países, los aviones, embarcaciones y otros recursos tomados a narcotraficantes, tienen que permanecer bajo su custodia, sin uso, hasta que se produzca la sentencia judicial definitiva de cada caso. En consecuencia, valiosas naves confiscadas se deterioran con el paso del tiempo. Esa situación debería cambiar. Que venga una ley al efecto. De todos modos, se puede dar por seguro que el congresista Pelegrín insistirá en su proyecto para que las Fuerzas Armadas puedan tumbar a fuego limpio cualquier avión que se entienda que ha arrojado cargamentos de drogas sobre el territorio nacional. Dios librará a los navegantes inocentes de cualquier confusión en los días nublados.

Por amor al circuito
De manera inteligente las Edes fomentan, con el incentivo de una promesa de luz permanente, la toma de conciencia en los usuarios a los que tienen  que convencer de que la regularización masiva de las conexiones a las redes  eléctricas en los barrios puede liberar considerablemente de los apagones kilométricos a grupos de usuarios que estén en regla. 

 En Villa Juana –un sector populoso y de múltiples actividades familiares y de negocios- se palpa día a día la presencia de la electricidad, en contraste con las situaciones de vecindarios adyacentes que viven sometidos a inmancables horas de penumbra. De algún modo, las Edes están logrando aún antes de eliminar apagones sectoriales, que una mayoría de usuarios de determinados circuitos  acepten someterse a las correctas mediciones de los contadores, y como parece que el proceso es creciente, pues se anuncia que más barrios serán integrados al programa de 24 horas, habría que decir ¡hurra! El pacto social que comenzó con Hato Mayor y El Seibo tiene futuro. Y es que en definitiva, es preferible recibir luz siempre a tener que sufrir  las costosas consecuencias de los apagones. Que cada quien se interese porque su circuito esté correcto.