Muchas son las lecciones que pueden extraerse de la decisión de los senadores perredeístas -diecinueve en total- de aprobar la reforma fiscal sin modificaciones, desoyendo las instrucciones de la comisión política de su partido y haciendo caso omiso a las amenazas de expulsión de su presidente, el licenciado Vicente Sánchez Baret.

Empezando, por ejemplo, por el desfase exhibido por la dirigencia perredeísta, incapaz de comprender la gravedad del momento por el que atraviesa el país, e incapaz también de reconocer que los tiempos han cambiado, que un partido político moderno no puede manejar a sus legisladores como si se tratara de borregos camino al matadero. Esa rebelión, tampoco nos engañemos, no pasará de ser otra garata mas entre perredeístas, que siempre terminan entendiéndose, pero ha dejado claro, por lo menos, dos cosas: que algunos métodos ya no tienen cabida en esa organización, y que la llevada y traída renovación de su dirigencia, de la que se viene hablando desde hace cuchucientos años, es ahora más urgente que nunca.

Una decisión difícil

Habrá que estar atentos, aunque solo sea por curiosidad, al destino final que se dará a los 30 vehículos de lujo devueltos por oficiales de la Policía Nacional a los que se les alteró de tan mala manera la numeración de sus chasis que los expertos del FBI han recomendado sacarlos de circulación, pues resulta imposible dotarlos de documentación legal. Las autoridades norteamericanas, siempre tan quisquillosas cuando de la ley se trata, han recomendado que sean desmantelados, pero parece difícil que la comisión integrada por la Procuraduría General de la Repúlica, la Policía y las Fuerzas Armadas, que tiene la última palabra al respecto, tome una decisión tan radical, mucho menos si estamos hablando de vehículos valorados, en su conjunto, en más de cincuenta millones de pesos. ¿Se devolverán esos vehículos a quienes los reclaman, a pesar de que no hay forma de establecer su identidad? Quienes borraron esos chasis, hayan sido los ladrones o quienes posteriormente los «recuperaron», hicieron un excelente trabajo. Ojalá que esa comisión, que tiene en sus manos una decisión tan difícil, haga también el suyo.

Los voceros

La política de comunicación que pretende imponer el gobierno en las distintas dependencias públicas, en las que solo el vocero -usualmente un periodista del área de relaciones públicas- está autorizado a ofrecer declaraciones a los medios de comunicación, ya está provocando inconvenientes para la obtención de informaciones precisas y oportunas sobre el accionar de esas dependencias. Esos voceros, a quienes hay que presumir la mejor de las intenciones, en la mayoría de los casos solo manejan informaciones vagas, generalidades, sobre situaciones que requieren cierto dominio técnico o especializado, pero como no son capaces de reconocer esas limitaciones -sea por «órdenes superiores» o simple desconocimiento de la naturaleza de las funciones que se les han confiado- empiezan a jugar a las escondidas con los periodistas, que simplemente tratan de hacer su trabajo de la mejor manera posible. Tal vez solo se trata de celos excesivos, producto de la fiebre de los primeros días, pero no está demás recordar que con voceros o sin voceros siempre encontraremos la forma de honrar el compromiso de informar verazmente a nuestros lectores.