¿Ha sacado alguien la cuenta de la cantidad de leyes que, a pesar de ser aprobadas en el Congreso Nacional y asentadas en la Gaceta Oficial nadie cumple ni nadie obliga a cumplirlas? Sería un ejercicio interesante, pero también frustratorio, pues de seguro tropezaríamos con un montón de leyes -para todo y todos los gustos- de gran valor y utilidad gracias a las cuales, siempre y cuando las aplicáramos, seríamos una mejor sociedad.  Pelegrín Castillo, diputado por la Fuerza Nacional Progresista, tiene una queja a propósito de la proverbial propensión del Estado dominicano a  ser demasiado laxo a la hora de cumplir la ley y exigir su  cumplimiento: el gobierno peledeísta ha ignorado de manera olímpica las leyes sobre prácticas desleales de comercio, la que regula las compras de bienes y servicios de producción nacional con fondos públicos y de migración, entre otras impulsadas por la Fuerza Nacional Progresista, con lo que viola la Constitución y desconoce el Estado de Derecho en el que se supone vivimos. Pelegrín dice que su partido estudia las opciones de que dispone para obligar al gobierno a cumplir su papel, y ya muchos están deseando que el diligente legislador encuentre  la fórmula para quebrar la indolencia  del Estado dominicano para que  la dé a conocer al resto del país. Sería un gran aporte.

El artículo 55

No hay que estar muy al tanto de los pormenores del escándalo provocado por la denuncia del Partido Revolucionario Dominicano de que el gobierno contrató, al margen del Congreso Nacional,  un préstamo con la empresa Sun Land para la construcción de una serie de obras públicas, para darse cuenta de que la inesperada defensa que ha hecho el doctor Virgilio Bello Rosa de la cuestionada operación le va a restar mucha fuerza a  un “expediente” al que el PRD ha querido sacarle todo el filo político posible, en su propósito de debilitar la imagen del gobierno y desacreditar su gestión.

El doctor Bello Rosa reveló que en el año 2006 fue consultado por la Sun Land en torno a ese préstamo, y que basado en lo que establece la Constitución dominicana le dio su visto bueno, recordando que el artículo 55 de la Constitución exime de aprobación congresional los contratos celebrados por el Presidente de la República cuando los mismos no contengan dispositivos relativos a la afectación de las rentas nacionales. Visto el caso y comprobado el hecho, como dicen los abogados, sólo queda lamentar, una vez más, la existencia del bendito artículo. ¡Cuántas barbaridades se han cometido en su nombre!

Grito al cielo

El padre Fray Arístides Jiménez Richardson, coordinador de la Pastoral Penitenciaria, ha pegado el grito al cielo porque en la cárcel de La Victoria continúa el tráfico de drogas y de armas “ante la mirada indiferente” de las autoridades. Para Jiménez Richardson resulta insólito e inexplicable que esa situación prevalezca en un recinto que se supone vigilado, de manera permanente, por las autoridades penitenciarias, que han respondido a su queja removiendo de su puesto al comandante de La Victoria y pidiendo a la DNCD que realice requisas sorpresivas en el penal. ¿Cómo llegaron esas drogas y esas armas a La Victoria?   Como llegan a otras prisiones del país: gracias a la complicidad de los responsables de su vigilancia, que se llevan, a cambio de hacerse de la vista gorda, una buena tajada del gran negocio que representa el tráfico de drogas en muchas de nuestras cárceles. Se trata de una complicidad vieja, probablemente tan vieja como nuestras cárceles, pero que las autoridades dicen haber eliminado en los recintos integrados al nuevo modelo penitenciario. La solución al problema de las drogas y las armas en los recintos penitenciarios, así las cosas, parece estar en universalizar el nuevo modelo. Manos a la obra.