Han arreciado las inconformidades de los contribuyentes de capas medias y bajas de la sociedad en las que se encuentran los dueños  de negocios que sufren escasez de capital y de beneficios.

La principal queja es que, asombrosamente, el micro empresario dominicano es obligado a pagar impuestos por las mercancías que vende a crédito, sin saber siquiera si al final de la película los  clientes va a pagarlas, ni cuándo sería que entraría ese efectivo.
Al hacerse más eficientes como recaudadoras -por medio de comprobantes fiscales y otras novedades de uso obligatorio- las autoridades obtienen más dinero  para sus arcas, pero también acentúan unas cargas que, justas o no, reducen con severidad los beneficios de entes económicos débiles (que son los que más empleos generan) y que podrían estar condenados a desaparecer.

Palo si bogas y palo si no bogas, pues al tiempo que el país se vuelve más inexorablemente gravado, los servicios financieros se tornan en menos accesibles para el mediano y pequeño gestor de negocios, sometido a requisitos para la obtención de  créditos bancarios que resultan  inalcanzables. En los dos últimos años de Hipólito Mejía se produjo  aquí una oleada de quiebras de empresas menores y mayores y ahora parece que habrá otro fenómeno de «El Niño»  en el ámbito  económico bajo las mismas  implacables gravitaciones del Estado.

La partidocracia

  La principal causa del retraso institucional de República Dominicana se debe a los políticos. Gracias a su estilo, todavía se habla  aquí de la condición partidaria para poder ejercer algún  cargo público, como sucedía en la Era de Trujillo, cuando un efectivo mecanismo de depuración hacía botar de manera automática de la Administración Pública  a cada miembro de una familia cualquiera que perdiera el favor y aceptación del Supremo jefe de la República. Los peledeístas, que con tanto copete reclamaban reconocimiento para su supuesta diferenciación del PRD y de los reformistas, aplican una maquinaría antidanilista que ha producido despidos que al punto de que el Presidente Fernández no tuvo más remedio que mandarla a frenar, cosa que habría que ver si en los hechos se cumple.

Pero el peor rasgo del atraso institucional al que los políticos dominicanos parecen condenarnos es ese criterio a ultranza  que aplican para mantener al Estado como su botín. Los empleos públicos  son, principalmente, para ellos, un «derecho» que puede ser renovado sectariamente en función de que la reelección funcione, o un «derecho» con alternabilidad, en atención al partido que logre el clásico  «vuelve y vuelve» de esta cultura. En algunos aspectos este país ha cambiado, pero la infame partidocracia que se renovó en 1961 con tintes de post tiranía, no perece; por la falta, en parte, de la reacción de las masas  contra los peores rasgos de la política criolla.

Gobernar con huecos

  Los verdaderos guardianes medioambientales de este país son los comunicadores sociales  y los conservacionistas en general –principalmente- que descubren y denuncian cada foco de contaminación o de cortes forestales que surjan aquí, allá o acullá.

Escasamente asistidas de recursos –en el ostensible marco de desprecio a prioridades públicas- las autoridades que deben velar por los recursos naturales  no tienen ni movilidad ni medios  para una amplia vigilancia sobre la geografía y así cumplir bien su tarea. Los fuegos de bosques pasan a ser  de conocimiento público después que alguna emisora o periódico los da a conocer; y luego vienen loe esfuerzos de tratar de apagarlos, poco menos que con las manos, pues aquí la pobreza de equipamiento es lo que predomina. A más de que las autoridades –incluso las encumbradas- parece que entienden que su primera obligación es empequeñecer los problemas de la República, cosa de no empañar el proyecto del Presidente, menos aún si su ambición mayor es reelegirse. 
A nivel oficial, del dengue aquí solo se habla «en bien». Resalta que en los pronunciamientos  oficiales siempre se trata de una endemia «en declive», aun cuando lo que más suele declinar –por la falta de sinceridad de las autoridades- es la reacción preventiva de la gente al estar desinformada sobre la gravedad de los casos y las cíclicas abundancias del mosquito.