El  jefe de la Policía Nacional ha confirmado lo que muchos dominicanos tenían por cierto: que los mandos superiores de ese cuerpo encubrían a agentes que cometían actos reñidos con la ley. El general Bernardo Santana Páez denunció los encubrimientos anteriores a su gestión a propósito de mostrar como logro propio el que unos 30 policías han sido separados de la institución y sometidos a la justicia por su jefatura.

En verdad, cada jefe policial de ayer podría mostrar algún average que parecería aceptable en eso de dar de baja a pillos uniformados. Lo que ninguno logró evitar fue que de todos modos la Policía siguiera siendo un cuerpo que se deja infiltrar por delincuentes, pues no pasa un solo día sin que sea patente, por alguna razón, que aquí abundan los “representantes” de la ley que incurren en vulnerarla. Lo peor es que se puede suponer que los delincuentes más difíciles de descubrir en este país  deben ser aquellos que, al mismo tiempo, visten uniformes y tienen licencia oficial para usar armas. En el presente dominicano es muy  preocupante que los robos y asaltos que nunca son aclarados superen enormemente a los que las autoridades logran resolver, independientemente del subregistro, pues la falta de confianza en las autoridades  lleva a muchas víctimas de los malhechores a no formalizar querellas.

Desconfianza recíproca

El argumento a que recurren los partidos mayoritarios al reclamar que permanezca en las elecciones el recurso de la doble validación de las actas de votaciones es uno solo: cada uno sostiene que si se suprime el procedimiento todo el mundo tendría el campo libre para picardías y trucajes en el conteo de sufragios. Lo que no dicen ellos es que en el pasado, la doble validación fue a su vez, un medio para entorpecer con retrasos el procedimiento que debe conducir a establecer los resultados de los comicios. Los perdedores de elecciones han sido por tradición ocultadores de actas, pues muchos delegados políticos se lanzan a complicar las cosas tan pronto se dan cuenta de que no obtuvieron el favor de la mayoría de sufragantes. Lo conveniente es que se fije alguna norma que impida  a los derrotados y maniobreros secuestrar resultados, amparándose en la doble validación, para impedir  que en un plazo razonable fluyan las actas de las juntas dispersas por el territorio nacional para ser reunidas en Santo Domingo.

Un voto a Promese

Los servicios que a la sociedad brinda el Programa de Medicamentos Esenciales (Promese) han cobrado brillo en este período de gobierno. No es común que algún organismo estatal diga, con datos fehacientes, que gracias a su mecanismo transparente de compras por concurso, logró ahorros considerables al Estado, lo que a su vez habría permitido adquirir más medicamentos que de costumbre para venderlos al pueblo a precios reducidos. Eso ha sucedido con Promese desde que comenzó la actual  gestión. Luego ha venido la demostración de que, efectivamente, las boticas de interés social han estado mejor abastecidas y que operan en mayor número. El viejo dolor de cabeza de la falta de atención a los pacientes de diálisis por ausencia de  costosos insumos desapareció de los hospitales que dan ese servicio, y ahora, además, los centros públicos de salud  se benefician de un suministro más a tiempo, lo que en buena parte es responsabilidad de Promese. El siguiente paso es que el gobierno persista en su crucial gestión para que el Seguro Familiar de Salud funcione. Si cumple su obligación en ese sentido mostrando firme voluntad para hacer ampliar la atención sanitaria, en corto plazo se evitarían muchos  sufrimientos a la comunidad.