Todo el mundo habrá de recordar, porque de eso no hace tanto tiempo, las amplias y encendidas discusiones que provocó la construcción del edificio que aloja a la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República, mas que nada por el lujo y la magnificencia de una obra en cuya construcción el actual gobierno invirtió 1,400 millones de pesos, más otros 65 millones en decoración y mobiliario.

El lujoso y confortable edificio vuelve a ser noticia transcurridos apenas dos años de su inauguración, en enero del 2005, esta vez debido a los vicios de construcción que han puesto en evidencia los copiosos aguaceros caídos la noche del pasado martes, y la pregunta que todo el mundo se hace es la misma: ¿cómo es posible que una obra tan costosa, de tanto caché, presente vicios de tal magnitud a tan poco tiempo de inaugurada? Claudia Franchesca de los Santos, subsecretaria de Obras Públicas, dice que se está evaluando el alcance de los daños provocados por los aguaceros para luego hacer un reclamo formal a sus constructores, pero ese anuncio solo puede ser recibido con escepticismo en un país donde las propiedades públicas no tienen dolientes.

Regalo de cumpleaños

 No ha sido, desde luego, el regalo de cumpleaños que esperaba recibir, en un día tan especial, el dirigente reformista Amable Aristy Castro, pero lo cierto es que la amonestación pública que acaba de recibir de parte de la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral por la utilización de los símbolos y recursos de la Liga Municipal Dominicana, de la que es su secretario general, en su propio provecho político, es desde ya considerado un saludable y promisorio precedente, un punto de partida hacia la instauración de un efectivo sistema de regulación y control del uso que dan los políticos y sus partidos a los recursos públicos. Hubiera sido preferible, sin embargo, que ese saludable y promisorio precedente hubiese empezado por la que parece la más evidente y palmaria utilización de los recursos públicos por parte de nuestros políticos como es el caso del presidente Fernández dada su doble condición de jefe de Estado y precandidato presidencial en el recién pasado proceso interno peledeísta, pero por alguna parte hay que comenzar y en este caso la JCE ha preferido hacerlo por los mangos más bajitos.

Mal ejemplo

No es justo que, en medio de su tribulación, la gente de Dajabón enfrente dificultades para recibir la ayuda oficial destinada a aliviar la desolación dejada a su paso por el tornado del pasado martes por culpa de las rebatiñas entre sus autoridades, divididas entre danilistas y reeleccionistas, pero eso es precisamente lo que está ocurriendo. El padre Regino Peña pidió al gobernador provincial, ingeniero Arturo Socías, y a la síndica Sonia Mateo Espinosa que se pongan de acuerdo para repartir esa ayuda, que dejen de trabajar cada quién por su lado para que llegue a quien realmente la necesita, pues el penoso ejemplo que están dando contrasta con la solidaridad recibida de los propios habitantes de Dajabón y comunidades vecinas.