Si a un funcionario consular –chileno, para más señas- le estaban pidiendo que  se manifestara con treinta mil pesos para poder devolverle una yipeta (de esas que van por ahí con placas que pregonan la condición excepcional de su dueño) habría que preguntarse ¿qué no podría pasarles a ciudadanos  comunes y corrientes cuando acuden  con  desesperación  y urgencia a ciertos departamentos policiales? Al revelar que  acababa de ordenar una investigación de alto nivel sobre este caso, calificado de extorsión,  el propio jefe de la Policía, mayor general Manuel de  Jesús Pérez Sánchez reiteró con énfasis que no tolerará  más corrupción, pronunciándose contra los servidores públicos que por su mal comportamiento pierden la confianza de la ciudadanía. Parecería aconsejable que el nuevo jefe policial redoblara su vigilancia sobre diferentes áreas importantes de ese cuerpo. A la menor  señal preocupante debería concentrar su atención y viene al caso preguntar: ¿Funcionará con efectividad  a partir de ahora el departamento de Asuntos Internos que debe realizar labores de investigación y vigilancia sobre las filas policiales?

Otro espanto

Si la extorsión que se investiga en el Plan Piloto de la Policía es como para ponerse las manos en la cabeza, lo que estaba ocurriendo en la Dirección de Tránsito Terrestre, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, en los finales de la anterior administración es también una buena razón para escandalizarse. Un informe confidencial trata el caso de alguien de allí con funciones importantes que ignoraba desafiantemente las denuncias contundentes y autorizadas que con frecuencia se formulaban  sobre dádivas y tráfico de influencias en el proceso de expedición de licencias de conducir. Se supone que con el cambio de gobierno han quedado fuera los protagonistas de esos casos -que  en su momento fueron  reportados a los niveles altos de la cartera- y que el macuteo va a quedar bajo control.

¿A quiénes botarán?

Un estudio minucioso que  se inició en el cuadrienio pasado, y que tiene que ver con la paulatina puesta en vigor de la ley de servicio civil y carrera administrativa, podría servir de base a las nuevas autoridades para establecer si miles de empleados  de amplias áreas de la Administración Pública cumplen, real y efectivamente, funciones que justifiquen los sueldos que reciben. Y habría más: se considera factible determinar cuáles servidores públicos obtienen más de un ingreso fijo en nóminas regulares, por su propia vía o través de los  cónyuges. Después que hace unos años  se efectuó un censo nacional de empleados públicos –cuyos resultados se consideraron incompletos- se mantuvo en discreta vigencia una unidad de estadísticas que recopilaba datos para llenar las lagunas dejadas por el defectuoso  empadronamiento. Se entiende que este gobierno ya podría tener a su disposición  unas  listas de empleados que podría cesantear con un mínimo de repercusiones en el país.