Las campañas electorales de países como República Dominicana, México y otros del hemisferio resultan abusivamente costosas y hoy por hoy se puede afirmar que se trata de una característica muy negativa. Las justas no resultan más democráticas por el hecho  de que los candidatos gasten más de dinero de lo razonable.

Todo contrario, pues el proselitismo en nuestro medio lo que busca al gastar en exceso es causar  un revuelo abrumador  sobre  las personas con insistencias y superficialidades en vez de concentrar el activismo  en la discusión de planes y la presentación de ofertas de gestión concretas y viables. La plata se ha vuelto clave en el debate electoral, hasta el punto de que por lo regular triunfan aquellos que más gastan sin que la sociedad reciba garantías de idoneidad y méritos para el ejercicio del poder. Otro componente negativo de las campañas derrochadoras es que el dinero llega a constituirse  en el motor que hace acudir a la gente a los actos electorales, vía por la que nacen los compromisos de conveniencia personal con los candidatos a los que se respalda, primeramente, porque se reciben  beneficios materiales del momento  y se crean expectativas clientelistas. He ahí una forma de manipular votantes y de sacarles provecho a las agudas carencias que predominan en las masas.

Cumplimiento de la ley

Debería preocupar grandemente lo que ocurre en este país en el que las violaciones a las leyes son graves y frecuentes tanto en  niveles altos del ejercicio del poder, como en los niveles del ciudadano común  y corriente..  El dominicano  que viola disposiciones de tránsito, poniendo en peligro la vida del prójimo,  es en cierto modo un emulador de otros atropellos que van contra el orden jurídico y que a diario reprochamos a quienes más obligados están a respetar las disposiciones legales. Cada vez que desde el Estado mismo  se desconocen normas esenciales  sobre provisión de recursos a los sectores de salud y  educación,  y a organismos municipales y universitarios  se está actuando con plena ilegalidad. Las autoridades deberían acogerse permanentemente a los mandatos vigentes, de la misma manera que la gente del montón tiene que respetar distintas normas de organización social; o como tienen que someterse los empresarios a un código que les obliga a pagar regalías y prestaciones y a conceder vacaciones a sus empleados. La única  y conveniente  dictadura que nunca hemos tenido aquí es la de la ley, la que se supone que debe valer para todo el mundo. De hecho cada vez que se asume una función de alto o mediano nivel, los funcionarios hacen el juramento de que respetarán y harán respetar la ley. Pero tal como ha ocurrido históricamente con la Constitución, muchas leyes son tratadas en nuestro medio como simples pedazos de papel.

Maltratos a Higüey

Higüey está, por lo visto, bajo el mismo desprecio que padeció Puerto Plata cuando surgió como el primer gran polo turístico de la República y no recibió posteriormente  la debida atención  en materia de inversiones públicas. Con frecuencia, sucesivos  gobiernos  alegaron la falta de recursos para construir infraestructuras  imprescindibles, y que la industria sin chimenea demandaba, como sistemas de alcantarillado y de tratamiento de aguas residuales para proteger  el magnífico litoral atlántico. Ahora ocurre que la provincia  La Altagracia ha alcanzado gran importancia como zona turística gracias a cuantiosas inversiones del sector privado y a un excelente mercadeo como destino turístico a nivel mundial. Se trata de un desarrollo  económico que debe ser respaldado  y protegido por el Estado dotando a la región de estructuras de servicios públicos, o ampliando las que existen, al tiempo de desarrollar programas que impacten en los medios urbanos  para contrarrestar la arrabalización creciente  que degrada los ambientes y que podría amenazar la estabilidad y crecimiento del turismo.