En un país donde impera la costumbre de poner el candado solo después que se produce el robo hay que aplaudir, aunque parezca un exceso, la decisión del jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, mayor general Nelson Marmolejos Acosta, de disponer un sistema de vigilancia permanente sobre el tramo construido hasta ahora de la carretera Santo Domingo-Samaná a fin de evitar que sea utilizado por el narcotráfico para sus travesuras, al igual como ocurrió con la Autovía del Este, donde aterrizaron de manera clandestina dos avionetas en cuestión de meses.

A raíz de esos aterrizajes fue cuando nos enteramos de que el país es completamente vulnerable a ese tipo de operaciones por carecer de los radares especializados en detección de vuelos de baja altura, carencia que por sus implicaciones nuestras autoridades prometieron subsanar en el más breve plazo posible. La decisión del Estado Mayor de la Fuerza Aérea parece indicar que todavía el país no cuenta con ese equipo especializado, y que nuestros cielos siguen abiertos a las audaces incursiones del narcotráfico internacional. ¿Cuánto más habrá que seguir esperando?

Como en los bancos

Los consuetudinarios violadores de la ley de tránsito tendrán muy pronto la oportunidad de sentirse como ciudadanos del primer mundo cuando acudan a cumplir con su responsabilidad de pagar las multas que se les impone, si finalmente se dan los planes que tiene en carpeta el fiscal del Distrito Nacional de habilitar áreas especiales para el pago de las multas en los tribunales de tránsito, dotándolas de aire acondicionado y cómodos asientos como en los bancos comerciales. Se empezará, según se ha sabido, por la primera planta del edificio de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET), donde funciona, en condiciones francamente inhóspitas, el Tribunal Especial de Tránsito del Distrito Nacional, en el entendido de que al infractor debe dotársele de todas las facilidades mientras espera a que se le encause. Falta ahora, para redondear tanta maravilla, que AMET ponga en marcha la automatización del sistema de imposición y cobro de las multas, anunciado con bombos y platillos junto a la suspensión de la odiosa e ilegal medida de incautar las licencias de conducir a pesar de que todavía faltan «algunos detalles» para que la cosa arranque de verdad. Pero esa es otra historia.

«Cuando se pueda»

Con el perdón del doctor Luis Arias, quien en algún momento llegó a quejarse de la «obsesión» de algunos medios de comunicación con las oficialías del registro civil, es preciso señalar que ha caído muy mal su anuncio de que el recorte presupuestario hecho a la JCE se ha llevado de encuentro el programa de automatización de esas dependencias, destinado no solo a facilitar y agilizar la obtención del acta de nacimiento o su legalización sino a rodear el documento de mayor seguridad y confiabilidad. Los jueces del tribunal de comicios han decidido, ante las limitaciones que impone el recorte, concentrar los recursos disponibles en la organización de las elecciones congresionales y municipales a celebrarse en mayo próximo, con lo que el programa de modernización de las oficialías se hará «cuando se pueda», lo que en un país plagado de carencias como este equivale a una posposición sin fecha fija.