El doctor Roberto Rosario, presidente de la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral, se queja  de las precariedades y limitaciones económicas con que el tribunal está realizando su trabajo, que no es otro que organizar las elecciones presidenciales a celebrarse en el país el próximo 16 de mayo.

Y se queja con razón, pues no se supone que a estas fechas, faltando poco menos de siete meses para el gran acontecimiento de la democracia dominicana, la JCE esté mendigando al Poder Ejecutivo los recursos para cumplir con ese compromiso. Hay que recordarle al gobierno, que no parece dar muestras, precisamente, de  atravesar por problemas de limitaciones de recursos, que el presidente Leonel Fernández también es candidato presidencial, que en esa doble condición su responsabilidad  es -o debería ser-  por partida doble, y que el país está muy atento a la forma en que el mandatario se manejará frente a esa dicotomía, sobre todo a su capacidad de separar y diferenciar bien ambas condiciones cuando llegue el momento. El presidente Fernández se comprometió con los miembros de la JCE a proveer al tribunal de los recursos que necesita para dar cabal cumplimiento a su responsabilidad de organizar unas elecciones transparentes y creíbles, por lo que es al presidente, no al candidato, a quien toca honrar esa solemne promesa.

Chivos sin ley

¿A alguien le sorprende  que, también los colegios privados, anden como chivos sin ley en este país? ¡Desde luego que no! La culpa, valga la aclaración, no es tan solo de los propietarios de esos colegios, que también son negocios o empresas, sino de las autoridades responsables de garantizar que esos centros funcionen en las condiciones adecuadas, tanto en sus instalaciones físicas como en la calidad de la enseñanza que imparten, en este caso de la Secretaría de Educación. El artículo 23 del reglamento que rige el funcionamiento de las instituciones privadas establece que estas deben ser evaluadas, de manera rigurosa, cada dos años, pero apenas fue el pasado año cuando esa evaluación se realizó por primera vez. Y si a eso sumamos la confesión que hiciera a una reportera de este diario el director de Centros Educativos Privados de la cartera educativa, Manuel Antonio Suero, quien reveló que la cifra de colegios que no reúne los requisitos exigidos por las autoridades educativas podría ser mayor porque no existen estadísticas actualizadas sobre la cantidad de instituciones que en el país se dedican a la enseñanza de educación inicial, básica y media, sabremos entonces porqué en materia de educación estamos como estamos.

La recompensa

Ofrecer una recompensa económica a quien ofrezca información que permita a las autoridades capturar a algún perseguido de la justicia es un método que ha dado buenos resultados en otros países, Estados Unidos y España, para solo citar dos ejemplos, pues mucha  gente se siente así más estimulada a cooperar con las autoridades, que en esos casos suelen garantizar también el secreto de la identidad del informante. La Procuraduría General de la República, conjuntamente con la Fiscalía del Distrito Nacional, han decidido probar suerte por ese camino ofreciendo una recompensa de un millón de pesos a quien suministre información que ayude a esclarecer la desaparición, hace ya catorce largos años, del profesor universitario y escritor Narciso González, Narcisazo, dado que hasta la fecha no ha habido forma de que la investigación de su desaparición salga del punto muerto en que se encuentra, constituyéndose en una afrenta difícil de sobrellevar hasta para una sociedad que, como la dominicana, se complace en el olvido o la desmemoria. Sin embargo, tanto el Procurador General de la República, el doctor Radhamés Jiménez, como el fiscal del Distrito Nacional, el doctor José Manuel Hernández Peguero, confían en que la tentadora oferta soltará algunas lenguas hasta ahora muy bien atadas. Sentémonos a esperar el milagro.