Según Orlando Jorge Mera, secretario general del PRD, todo el alboroto en torno a las candidaturas de la Alianza Rosada es producto de una campaña montada por «sectores ligados al Gobierno» para desacreditar a la JCE, asegurando que su partido cumplió con el plazo del tribunal de comicios y lo que estipula la ley electoral. Ocurre, sin embargo, que el doctor Antonio Lockward Artiles, secretario del organismo, reveló ayer que fueron el presidente de ese tribunal y otros dos jueces quienes le autorizaron a recibirlas, lo que hizo -según confiesa- a pesar de no estar de acuerdo con el procedimiento.

Mientras crece la confusión en la opinión pública y se enrarece de mala manera el ambiente alrededor del organismo responsable de la organización de las próximas elecciones, surgen voces pidiendo resucitar la Comisión de Seguimiento que encabezó monseñor Agripino Núñez Collado durante las pasadas elecciones presidenciales, que a pesar de las críticas y reservas conque fue recibida demostró ser necesaria dada la falta de entereza de aquellos llamados a arbitrar con responsabilidad ese proceso. ¿Cuándo aprenderá la JCE a caminar sin muletas?

Chivo expiatorio

  Nicolás Moronta Capellán, de 42 años, resultó muerto ayer en lo que una nota del departamento de relaciones públicas de la Policía Nacional definió como un «intercambio de disparos», luego de que fuera herido en el sector Riíto, en La Vega, por miembros de una patrulla. Moronta Capellán, según la institución del orden, enfrentó a los agentes que lo perseguían con una escopeta de fabricación casera, de las famosas «chilenas», tras haber sustraído horas antes una cámara fotográfica de una oficina de abogados. La policía destaca que Moronta cargaba sobre sus espaldas nada mas y nada menos que 22 sometimientos a la justicia por robo y atraco, lo que si bien parece una justificación para el «intercambio de disparos» que puso fin a una productiva vida delictiva, como ocurría -con el aplauso complaciente de algunos «líderes de opinión»- en anteriores jefaturas, no tiene porqué atormentar la conciencia de quienes hoy la dirigen con talante civilista y respetuoso de las buenas maneras democráticas: ¡la culpa es del Código Procesal Penal!

La primera piedra

  No hay porqué dudar que, a la hora de las explicaciones y justificaciones, los 102 millones de pesos que gastará la Cámara de Diputados en la ampliación de su edificio para hacer espacio a 28 nuevos diputados merecerán el pomposo calificativo de «inversión en la democracia», como han sido calificados también los casi 600 millones de pesos, provenientes de los fondos públicos, que recibirán a través de la JCE los partidos políticos que participarán en las elecciones congresionales y municipales de mayo próximo. Hay quien piensa que el tono que alcanzó el debate en torno a la financiación de los partidos fue una clara señal de que la sociedad dominicana está lista para pasar balance a la rentabilidad de esas «inversiones», sobre todo las que hace para costear los negocios particulares, hay quien prefiere llamarlas ONGs, de unos «representantes» que en su gran mayoría solo ejercen de tales cuando conviene a sus intereses. Que alguien arroje la primera piedra.