La embajadora de España Almudena Mazarraza no ha sido la primera ni será la última, desgraciadamente, que nos reproche nuestras deficiencias institucionales al margen de los discretos canales diplomáticos, por lo que sorprende la reacción oficial a sus críticas al clima para la inversión extranjera existente en el país.

Peores cosas han dicho el embajador norteamericano en el país, Hans Hertell, y la directora de la Agencia Internacional para el Desarrollo, doña Elena Brinneman, paquete en el que hay que meter también a varios embajadores europeos, entre ellos el que se ganó el boche público del doctor Jorge Subero Isa por atreverse a criticar la sentencia de uno de nuestros jueces, pero hasta ahora nadie se había dado por aludido. El gobierno está en todo su derecho de convocar a la embajadora española para pedirle explicaciones por sus pronunciamientos al margen de los canales acostumbrados, pero dado que aquí tenemos tantos diplomáticos deslenguados y metiches hay que suponer que de ahora en adelante se les verá con mayor frecuencia por los predios de la Cancillería.

Un poco tarde

  En estos días han llovido las explicaciones sobre las causas del auge de la delincuencia, desde las que lo atribuyen a la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, principal foco de las críticas, hasta los que ven la raíz del mal en la incapacidad de la Policía o la insuficiente preparación de los fiscales, pero hasta ahora a nadie se le había ocurrido decir que lo que está sucediendo es otra de las herencias malditas del gobierno de Hipólito Mejía, al igual que la crisis bancaria y sus secuelas, que nos arrojaron en brazos del Fondo Monetario Internacional. El vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, sostiene que el incremento de la criminalidad que hoy padece el país tiene su origen en la permisividad conque el anterior gobierno trató a la delincuencia, al extremo de que «encubrió y protegió» a individuos vinculados al narcotráfico y otras actividades delictivas. Que conste en el expediente la opinión, en torno a tan debatido asunto, del Vicepresidente de la República, pero que conste también que se produce con casi dos años de retraso.

Buena suerte

  Es de esperarse que la dirigencia de la Federación de Estudiantes Dominicanos no se oponga también a la decisión del rector de la UASD, Roberto Reyna, de instalar cámaras de vigilancia en todo el recinto universitario, como se opone a la instalación de detectores de armas en sus principales puertas de acceso, pues son medidas que solo pretenden proteger a la academia y a sus estudiantes. La principal preocupación del rector, sin embargo, es la introducción de armas al campus, sobre todo a raíz de los recientes enfrentamientos entre grupos estudiantiles rivales y en los que se vio a varios dirigentes esgrimir armas, a lo mejor los mismos que hoy se oponen a que se prohíba y controle su ingreso a la UASD. Hay que desearle suerte al doctor Roberto Reyna en sus esfuerzos por proteger a la UASD de las embestidas de la delincuencia, pero más que nada que pueda hacer entrar en razón a una dirigencia estudiantil que parece estar más apegada a las armas de fuego que a los libros.