Qué se dice
¡No, no y no!

Qué se dice<BR><STRONG>¡No, no y no!</STRONG>

A los partidos Revolucionario Dominicano (PRD) y Reformista Social Cristiano (PRSC) les salió el tiro por la culata. Al parecer, creían que mostrándose unidos en la intención de mutilar por vía legislativa  a la provincia de Santo Domingo importantes sectores de opinión pública se iban a dar por vencidos y se resignarían a que una vez más intereses políticos que actúan con ligereza continuaran destruyendo unidades geopolíticas en contra  de la razón y el criterio de los ciudadanos en general. He aquí que el rechazo a la insensata carrera que multiplica los municipios y las provincias se muestra ahora más fuerte. En muchos ciudadanos –ostensiblemente- existe ahora mayor indignación ante las evidencias de que sectores políticos que se empeñan en crear una regionalidad excedida para poder  disponer de muchos cargos, electivos  o no, pero siempre a costa del contribuyente, están  hoy más que nunca en disposición de asociarse para lograr sus fines. Una unidad de criterios que no han buscado para crear leyes imprescindibles contra la corrupción, o para forjar una base jurídica que propicie el desarrollo energético alternativo; o para facilitar la integración económica regional; o para dotar a las autoridades judiciales de instrumentos más prácticos que los actuales para combatir el crimen. La ciudadanía sigue repudiando, felizmente, la desintegración territorial.

Tremenda preocupación

 Carece también  de opinión pública la huelga de profesores y empleados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, lo que causa un severo golpe sobre un sector numeroso de la juventud dominicana que se esfuerza por hace carreras profesionales. Miles y miles de muchachas y muchachos de escasos recursos que recurren a grandes sacrificios para asistir a  las aulas; y sucede que aquellos que habiendo tenido la oportunidad  de estudiar y diplomarse, y que ahora  son profesores, ocasionan alegremente una interrupción  ilimitada de las actividades académicas. La negación  pura y simple de la enseñanza superior  no puede ser legítima  ni legal. No es justo que en una sociedad que se supone organizada, un grupo pueda decidir  tan unilateralmente si el mayor sector de universitarios del país recibe clases o no;  por insuficientes que sean los sueldos de los profesores (que de todos modos están considerados como bastante satisfactorios en este medio) no hay razón para colocar a la clase estudiantil pobre en situación de catástrofe. La UASD estuvo en  los últimos lustros  en un ambiente de armonía y dedicación al estudio que causaba admiración  y generaba confianza. El estallido huelgario del profesorado cambia el panorama. Se teme,  y con razón , que la vieja y querida casa de estudios, la de tantas páginas gloriosas, esté  al borde del despeñadero.

La JCE bajo lupa

 La Junta Central Electoral ha sido blanco últimamente de críticas y recelos. Se le cuestiona por algunas decisiones que, dicho sea con justicia, en ocasiones no se han compadecido con la realidad. Es sabido que la actual composición del alto tribunal derivó en parte de posiciones unilaterales que tenían su origen en el predominio del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en el Senado. Pero con todo y ese mal signo, la maquinaria electoral que ha regido salió airosa de más de un proceso comicial. Además, gracias a la regla que compromete a la Junta a respetar el consenso de partidos y a co-dirigir sus actividades en consulta permanente con los entes de la sociedad civil y los partidos políticos, el alto tribunal está virtualmente impedido de proceder de modo arbitrario y aplastante, y mucho menos con ocultamiento de sus actos. Así deben seguir siendo las cosas. La JCE debe ser como la mujer del César. Seria y que lo parezca en todo momento. Que escuche impugnaciones, críticas y reclamos: Que rectifique cuantas veces lo exijan las circunstancias. Que sobre la marcha se ocupe  de eliminar cada motivo que pueda estar generando dudas sobre su imparcialidad.

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