La libre elección  para contratar servicios en el renglón de transporte de carga debe existir siempre. La pretensión de la principal central de sindicatos de dueños de camiones que usa la sigla Fenatrado de que sea obligado utilizar sus vehículos para todo acarreo  es absolutamente violatoria de derechos; además de que los monopolios van contra la ley.

La opinión pública debe respaldar vigorosamente a las empresas que opten por agenciarse el acarreo al margen de los gremios, sin importar el sector de producción a que pertenecen. Es inconcebible que a estas alturas de los tiempos, dirigentes gremiales actúen con prepotencia y amenazas de recurrir a la fuerza para someter a su voluntad al empresariado, como si las carreteras fueran de ellos y no espacios  para el libre tránsito. Es muy probable que la actitud violenta y atropellante del cártel del transporte conduzca a situaciones peligrosas, y con vías de hecho, como en el pasado. Pero la responsabilidad de lo que sobrevenga tendría claramente su origen en el intento de violar la libertad de tránsito, algo que las autoridades deberán tratar de evitar con decisión; sin demagogia; sin temor al peso político que, sobrevalorando la realidad, quieren suponerle a un sector de los camioneros. Por lo demás, cuando los empresarios deciden contar con  medios de transporte propios es porque el servicio que brindan los transportistas que han creado esta alianza para dominar las vías públicas encarecen considerablemente sus costos, lo que supone un daño importante  a la economía en general que limita  la creación de empleos.

De la boca para afuera

Algunos políticos recurren a una serie  de poses sensibleras y a especulaciones ruidosas e interesadas cada vez que suena la desgracia para algún sector de la sociedad, como acaba de ocurrir con los efectos de la tormenta Olga. 

Buscan todas las formas de aparecer fotografiados con caras compungidas y estudiados gestos solidarios. Es decir:  convierten el dolor ajeno en oportunidad para tratar de ganar simpatías y votos.  A ello agregan el tremendismo de señalar supuestos  culpables mucho antes de que se aclaren los hechos  en un intento de manipular a la opinión pública en vez de propiciar el análisis objetivo de determinadas actuaciones  de autoridades.  Se trata de políticos que no se detienen ante nada. Si les conviene decir que la noche es el día  y el día es la noche, así pintarán  a la vida en un momento determinado. Lo difícil es que  renuncien a disponer de muchos recursos pecuniarios  para el derroche y la propaganda superflua en busca de adeptos.

Dicen que les duele ver la situación de los damnificados  y de los familiares de las víctimas  mortales, pero cuando el candidato de la Cuarta Vía, Eduardo Estrella, propuso que los partidos que  están subsidiados por los contribuyentes creen un fondo de asistencia  a ser nutrido con la mitad del dinerazo que les toca a esas organizaciones, nadie, desde las posiciones dirigenciales del frustrante partidarismo criollo, respondió. Hicieron el caso del perro.

Escándalos

Hay mucha tela por donde cortar en el contrato de la Sun Land como para suponer que no ha sido más que una onerosa concesión a una misteriosa razón social que  pudo entonces disponer, a partir de comprometedores pagarés (endeudamiento estatal directo con el exterior) de recursos millonarios a costa de esta nación.

La confidencialidad de la operación  enmascaró  una acción que debió llenar el requisito de pasar por el Congreso Nacional; con el agravante además de que meses  antes la susodicha firma fue el centro de otro escándalo por resultar favorecida con un contrato de suministros para la Policía  que debió  ser anulado porque incluyó  insólitas sobrevaluaciones. No hubo entonces más remedio que dar marcha atrás. Es decir, con lo que ha pasado ahora, se trata de dos mayúsculos movimientos subterráneos que han ido en contra de los intereses de la nación dominicana. Ni los “shows” mediáticos ni la proclamación de que el reciente contrato fue revocado ocultan la realidad  de que el daño está hecho y que alguien debería pagar por él. La transparencia que aquí tanto se cacarea,  ha estado ausente en estos casos. No puede permitirse que tales  barbaridades  pasen sin pena ni gloria ni que el polvo del tiempo caiga sobre ellas sin mayores consecuencias.