Era de esperarse que nuestros legisladores, diputados y senadores, exigieran al secretario de  Medio Ambiente que señale con sus nombres y apellidos a quienes trabajan en las sombras en un avieso proyecto de modificación de la ley 202-04 sobre Areas Protegidas con el propósito de beneficiar a “intereses particulares”, pues cuando se habla de un pecado tan grande se hace imperioso, necesario, mencionar también al pecador.

Hacer denuncias aéreas, sin señalar de manera directa  a los responsables de lo denunciado ni aportar las pruebas de lo que se denuncia, es  un vicio que en este país se practica sin ningún pudor, sin importar que con ello se dañen honras y enloden reputaciones, lo que se agrava cuando el que denuncia tiene, como funcionario, responsabilidades públicas, pues se le supone en capacidad de actuar. Si el doctor Max Puig se hubiese dado, en el día de ayer, una vueltecita por la Cámara de Diputados, habría escuchado muchas cosas, todas en respuesta a su temeraria acusación, que no habrían sido de su agrado.  Entre ellas el señalamiento de un diputado que lo manda a ocuparse  de la tala de árboles inmisericorde que se registra en distintos puntos del país y  dejarse de hacer denuncias irresponsables que solo buscan distraer la atención.

 Incongruencia
Un país que atraviesa graves problemas de seguridad pública y permite  que decenas de vehículos aquiridos en España, hace tan solo unos meses, para reforzar el patrullaje de la Policía Nacional, se encuentren fuera de servicio por falta de repuestos, debe revisarse a fondo, o simplemente mandar para su casa a los responsables de tamaña incongruencia, sazonada con el penoso espectáculo que ofrecen  el jefe de la Policía Nacional y el secretario de Interior y Policía acusándose mutuamente por el desaguisado.

El lamentable episodio ha servido, también, para airear la animadversión del doctor Franklyn   Almeyda hacia el teniente general Bernardo Santana Páez,  a quien acusa de descuidar el patrullaje preventivo acrecentando en la población la sensación de inseguridad y desprotección. Santana Páez, según dicen, nunca ha sido santo de la devoción del doctor Almeyda, pero tal parece que con este remeneón quiere tumbarlo del altar.

Veinte años es demasiado
La comunidad de Cevicos, en la provincia Sánchez Ramírez, lleva cerca de veinte años reclamándole al gobierno la construcción de la carretera Cevicos-Don Juan-Villa Mella, iniciada por el doctor Joaquín Balaguer en su gobierno de los diez años, continuada por el primer  gobierno del doctor  Leonel Fernández, en 1996, que la dejó a medio talle, y reiniciada en el gobierno de Hipólito Mejía, que también la abandonó sin concluirla.

Estamos hablando de una carretera llena de historia, pues por ella transitaron los independentistas, los restauradores con Gregorio Luperón a la cabeza, así como también Juan Sánchez Ramírez, por supuesto a lomo de burro, mulo o caballo. En la actualidad hay un tramo de 20 kilómetros, que comunica a Don Juan con Cevicos, que si es adecuado por Obras Públicas, la Oficina Supervisora de Obras el Estado, la gobernación provincial o quien sea, facilitaría el acceso de los vehículos de la Capital a la región Nordeste a través de Cevicos, actualmente incomunicado por las desastrosas condiciones del camino. Dirigentes comunitarios de la zona han solicitado al presidente Fernández, en más de una ocasión, la terminación de la carretera, pero solo han recibido silencio o indiferencia como respuesta. ¿Los pondrán a esperar 20 años más?