El jefe de la Policía Nacional acaba de anunciar la que debe ser una muy buena noticia para una sociedad intimidada por los desmanes de la delincuencia: la incorporación de un avión -sí, un avión- y otros 50 nuevos vehículos a las labores de patrullaje de nuestras principales carreteras con el propósito de prevenir robos y asaltos o simplemente ofrecer asistencia a los accidentados, como parte del Plan de Seguridad Vial que ejecuta la Autoridad Metropolitana del Transporte (AMET) conjuntamente con la institución del orden. El avión, según explicó el teniente general Bernardo Santana Páez, se encuentra en estos momentos en los talleres de la Fuerza Aérea para su acondicionamiento, y operará haciendo vuelos rasantes sobre nuestras carreteras, siempre en comunicación con las patrullas terrestres estratégicamente ubicadas. El jefe policial no fue, empero, muy generoso en detalles sobre esta novedosa forma de vigilancia  ni quién cargará con el costoso mantenimiento de la aeronave,   información fundamental conocidas las dificultades  de la Policía Nacional para mantener funcionando y en buenas condiciones sus patrulleros terrestres. Quien no puede lo poco, dice un viejo y conocido refrán, tampoco puede lo mucho.

  Amonestación

El secretario de Salud Pública, el doctor Bautista Rojas Gómez, informó ayer que fue debidamente amonestado el funcionario de esa cartera que se “excedi󔔠 en sus funciones al trasladarse a Pedro Brand a recoger los equipos almacenados desde hace años en el hospital Rodolfo de la Cruz Lora, acción que impidió una comunidad enardecida que se creía víctima de un despojo, pues no contaba con la autorización correspondiente. El doctor Bautista Rojas defendió, sin embargo, las “buenas intenciones”     del funcionario de trasladar esos equipos, en su mayoría dañados por la falta de uso y las inadecuadas condiciones de almacenamiento, a un lugar más apropiado como lo sería el hospital Marcelino Vélez de Herrera. De buenas intenciones, se ha dicho muchas veces pero siempre hay que volver a repetirlo, están empedrados los senderos del infierno, sobre todo si, como en este caso, esas buenas intenciones procuraban más que poner a buen recaudo esos equipos  sacar el tema de los periódicos, una de las formas favoritas de nuestros funcionarios resolver los acuciantes problemas del país.

Nueva era

La misma ley que creó, en 1988, el Consejo Nacional de Drogas (CND), establece en su artículo 33 que el 15% de los fondos provenientes de los intereses que generan los bienes incautados al narcotráfico debe ser entregado a las instituciones que trabajan en la rehabilitación de los adictos, pero esa parte de la ley nunca se ha cumplido, obligando a esas instituciones a mendigar -literalmente- los recursos que requieren para sobrevivir y seguir ofreciendo sus valiosos servicios en auxilio de las víctimas del flagelo. Pero como no hay mal que dure cien años ni ONG que lo resista esa situación empieza a cambiar, se espera que para siempre, a partir de la entrega de 4 millones de pesos que acaba de hacer el CND, a través de su presidenta la licenciada Mabel Féliz, a Casa Abierta, Hogar Crea, Hogar Crea Internacional, Reto a la Juventud, Fundación Ave Fénix, Mesón de Dios y Ascayd y la Fe, entre otras, en un acto en el que también participaron el fiscal del Distrito Nacional, el doctor José Manuel Hernández Peguero, y el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, el mayor general Radhamés Ramírez Ferreira, entre otras personalidades que acudieron a la sede del CND a respaldar con su presencia el feliz cumplimiento de una ley casi veinte años después de su entrada en vigencia.