Solo en un país tan especial como el que nos ha tocado nacer existe algo llamado «permiso amigable», una especie de formulario ad hoc mediante el cual autoridades militares, policiales y de los organismos investigativos del Estado concedían un arma de fuego a sus allegados, amigos y familiares. La secretaría de Interior y Policía, decidida a formalizar la situación de los beneficiarios de esas curiosas muestras de amistad, ha pedido a esas personas, mediante comunicado público, que se den una vuelta por la cartera a fin de poner sus papeles en regla. Lo deseable, sin embargo, es que en lugar de regularizar el porte o la tenencia de todas esas armas -que se cuentan por miles- estemos empeñados en sacarlas de las calles, pues son en gran parte responsables -como se ha cansado de repetir, sin que nadie le haga caso, el padre Luis Rosario- de la ola de violencia que nos está obligando a vivir al filo del espanto.
Presiones
Por supuesto que en ese encuentro se habló de las expectativas en torno a la celebración de un evento de tanta importancia para la embajada norteamericana como Expo Usa 2004, entre otros temas de interés para gente tan ocupada como el Presidente de la República, el presidente del Senado y el embajador norteamericano en el país. Será difícil, empero, desligar ese encuentro, celebrado un día antes del conocimiento en la Cámara Alta del proyecto de reforma tributaria, de las supuestas presiones que ejerce el gobierno norteamericano para que se deje fuera de ese proyecto el gravamen al sirop de maíz, pero mucho más difícil sería reconocer que nuestro principal socio comercial ha tenido la cachaza -una palabra imposible de traducir al idioma de Shakespeare- de llevar esas presiones hasta el Palacio Nacional.
Equipos pesados
En los días finales del pasado gobierno se traspasaron, mediante decreto, equipos y maquinarias a los ayuntamientos bajo control del PRD en perjuicio de Obras Públicas y las gobernaciones provinciales, una decisión muy criticada en su momento, pues tenía todas las características de ser parte de las travesuras que propician las administraciones cuando están a punto de salir del poder. Por eso se entendió lógico que el secretario de Interior y Policía, Franklyn Almeyda, revisara la medida, aunque se criticara el método -manu militari- empleado para «recuperar» esos equipos. La pertinencia de esa decisión, sin embargo, ha sido puesta en cuestionamiento con el asolador paso por territorio dominicano del huracán Jeanne, cuando muchos ayuntamientos, sobre todo del interior del país, se vieron impotentes para ir en auxilio de sus comunidades por carecer, precisamente, del equipo adecuado para hacer frente a esas contingencias. ¿No serían esos equipos mucho más útiles en manos de quienes más los necesitan?