QUE SE DICE
Política informativa

QUE SE DICE<BR>Política informativa

Como el gobierno insiste en impedir que los medios ofrezcan cobertura noticiosa a las salidas y llegadas del presidente Fernández cuando viaja el exterior, sin que esa prohibición esté sustentada, hasta el momento, en un argumento convincente, tal vez valga la pena traer a debate el derecho que asiste a esos medios de acceder con absoluta libertad a las fuentes públicas de información, derecho que se está violando, de manera abierta, con la decisión de las autoridades de Salud Pública de restringir a los periodistas el acceso a la sede de la institución así como al hostipal Luis E. Aybar, pero que se expresa también, de manera más encubierta, en las trabas que se les pone a la hora de requerir información en alguna dependencia estatal que no sea la que sus encargados de relaciones públicas han decidido, de antemano, dar a conocer, sin dejar de mencionar el viacrucis al que han de someterse si quieren hablar directamente con el funcionario. Se trata, evidentemente, de la «política informativa» que el gobierno ha decidido adoptar, a la que parece tendrán que acostumbrarse los medios de comunicación, que sin embargo no pueden ocultar los inconvenientes que les está ocasionando la ausencia de información de parte de los responsables de administrar la llamada cosa pública. Y mucho menos dejar de decir, para que así conste en el expediente, que nunca antes un gobierno había dicho tan poco con tantos voceros a su disposición.

Un pleito innecesario
En este tirijala de los equipos pesados que el Gobierno quiere recuperar de manos de los ayuntamientos perredeístas, que se ha convertido en una tormenta política de imprevisible pronóstico, se ha caminado mal desde el principio, pues en lugar de proceder a dejar sin efecto, mediante otro decreto, la decisión de la pasada administración de traspasar esos equipos de las gobernaciones provinciales a los cabildos, un acto legítimo de un presidente en pleno disfrute de sus facultades constitucionales, se procedió a recuperarlos «a la mala», a punta de pistola, sin un solo papelito que amparara la legalidad de ese acto de fuerza. ¿Qué se ha conseguido con eso? Habrá que preguntarle a Franklyn Almeida. Entretanto, la decisión ha conseguido despertar de su letargo a la dirigencia perredeísta, que ya empieza a sacar la cabeza ante tal «atropello», al tiempo que ha convertido al Senado de la República, que ya votó una resolución reclamándole al gobierno que cesen «los actos abusivos», en un innecesario frente de batalla.

De policías y salarios
Llamó poderosamente la atención de algunos periodistas presentes en el almuerzo de esta semana del Grupo de Comunicaciones Corripio, en el que participaron el jefe de la Policía Nacional, mayor general Manuel de Jesús Pérez Sánchez, y el secretario de Interior y Policía, doctor Franklyn Almeida, la reticencia del jefe policial a referirse al tema salarial, sobre todo a lo que se entiende sería un salario decente para los miembros de la institución, con el argumento de que podría ser malinterpretado por sus superiores. ¿Qué de malo tiene defender el legítimo derecho que tiene a ser bien remunerado un servidor público que, como el policía, se somete a grandes riesgos que podrían incluso costarle la vida? ¿Qué pecado comete Pérez Sánchez al plantear, de manera abierta, las aspiraciones salariales de sus subalternos? ¡Ah artículo 55 que hace cosas!

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