¿Puede considerarse la comisión de alto nivel designada por el presidente Fernández para investigar el desagüe de la presa de Tavera lo suficientemente independiente e imparcial como para que pueda aceptarse, sin dudas ni cuestionamientos, sus resultados, sean estos cuales sean?

¿Qué sabe de presas y “desfogues” el secretario de las Fuerzas Armadas, el teniente general Ramón Aquino García, quien la preside? ¿Qué hace en esa comisión una funcionaria que, como la directora de la Oficina Nacional de Meteorología, ha estado bajo cuestionamiento público por su pobre  desempeño ante el paso por el país de la tormenta Noel? ¿Quién garantiza que esa multitudinaria comisión podrá reunirse así sea una sola vez para dejar formalmente iniciadas las indagatorias sobre un asunto sobre el que la mayoría de sus miembros no sabe absolutamente nada? Son tan solo algunas de las preguntas que andan rondando las cabezas de mucha gente desde que el presidente Fernández decidió encomendar a una comisión oficial, otra de tantas, establecer la verdad  sobre lo que ocurrió esa fatídica madrugada, pero en lo que esas respuestas llegan vayamos acostumbrándonos -por si acaso- a la idea de que nunca lo sabremos.

Al ataque

Cuando hace algún tiempo la doctora Laura Hernández, directora de la Oficina Nacional de Defensa Pública, criticó la conducta de algunos fiscales que se dan a la tarea de “traspapelar” las pruebas de determinados expedientes para que estos se “caigan” al ser sometidos a la consideración de un juez provocó un gran alboroto y, sobre todo, la airada reacción de los representantes del Ministerio Público, incluido el fiscal del Distrito Nacional el doctor José Manuel Hernández Peguero, pero del aspaviento  no pasó la cosa, es decir ni se investigó ni se intentó determinar qué tan cierta era una denuncia que, por hacerla quien la hizo, necesariamente tenía que tener algunos visos de veracidad. En un programa de televisión el pasado domingo la doctora Hernández volvió a la carga con otra denuncia de peso, al afirmar que en las cárceles y lugares de detención se siguen violando los derechos de los imputados, violaciones que incluyen la tortura, a pesar de que la existencia del Código Procesal Penal haría suponer que esas prácticas han sido erradicadas de nuestro sistema penitenciario. La denuncia, a pesar de su implícita gravedad, pasó sin pena ni gloria, como quien oye llover, por lo que nadie salió a desmentirla y mucho menos  a darse por aludido. Así de mal estamos.

 Guerra avisada

Sea porque están muy atareados andando de aquí para allá detrás del presidente Fernández en sus visitas a las zonas afectadas por la tormenta Olga o porque el cuco de Blas Peralta no les inspira ningún temor lo cierto es que han sido muy tímidas, para no decir prácticamente inexistentes, las reacciones de las autoridades a las amenazas del mandamás  de FENATRADO de que paralizará todos los muelles del país, pues apenas se ha escuchado la réplica del mayor general José Aníbal Sanz Jiminián, director de Autoridad Portuaria Dominicana, dando garantías de que no permitirá que se obstaculice la labor de nuestros muelles, para lo cual  tomará todas las medidas que sean necesarias, siempre y cuando -aclaró- esas acciones se produzcan dentro de los puertos, ya que no puede responder por lo que hagan los camioneros más allá de sus límites como bloquear las vías de acceso  o impedir el tránsito por cualquiera de nuestras grandes avenidas como la George Washington o la Luperón. Ojalá que la indiferencia de las autoridades ante las bravuconadas de  Blas Peralta obedezca al hecho de que todo está bajo control, a que ya se tomaron las debidas previsiones para evitar que la guerra avisada de Blas Peralta y FENATRADO provoque daños de a la economía.