En un gobierno que gasta tanto dinero en propaganda ensalzando sus logros reales o imaginarios llama la atención que a nadie se le haya ocurrido poner en los medios de comunicación una campaña de orientación, dirigida a la población, sobre la escasez del agua, poniendo particular énfasis en la necesidad de ahorrarla, de racionar su uso, por lo menos mientras duren los rigores de la sequía que siempre nos trae el ardiente verano tropical.

Alguien dirá, intentando encontrar  una explicación a lo que parece inexplicable, que quienes tienen la responsabilidad de  diseñar la política comunicacional del gobierno tienen su mira puesta en un objetivo más alto como lo es la reelección del presidente Fernández, y que por eso se concentran en magnificar o resaltar lo que entienden convencerá a la gente  de seguir montada en el tren del progreso, la estabilidad macroeconómica y la modernización que nos aguardan a la vuelta de la esquina. Si esa gente tiene razón resulta evidente entonces que también en materia comunicacional el gobierno y sus estrategas y planificadores siguen teniendo problemas para identificar las verdaderas prioridades del país, para aterrizar en la identificación de las más apremiantes necesidades de la gente, y   actuar en consecuencia.

Expectativas

Ha generado grandes expectativas el anuncio de que la Suprema Corte de Justicia se propone fallar, en los días por venir, el recurso de casación interpuesto por el ingeniero Diandino Peña en el que solicita la anulación de la sentencia del Tribunal Contencioso, Tributario y Administrativo que le ordenó entregarle a Huchi Lora copia de los planos aprobados por la Secretaría de Obras Públicas sobre la construcción del Metro de Santo Domingo, entre otros documentos relativos a la magna obra, pues de esa decisión depende que la Ley de Libre Acceso a la Información Pública pueda convertirse en una herramienta legal que garantice el derecho de los ciudadanos y ciudadanas de este país de saber en qué forma administran los funcionarios los recursos públicos. Se trata de una decisión ciertamente difícil para nuestro más alto tribunal de justicia dado que se trata de fallar contra la voluntad y la decisión del gobierno de mantener bajo un velo de misterio  y secretismo absoluto lo que se invierte en el metro, pero se supone que ese es, precisamente, el encanto de la democracia, que consagra la separación e independencia de los poderes públicos.

Frustración

Mucha gente se sintió frustrada, y más que nada desengañada, cuando vio que la interpelación a que fue sometido en el Senado de la República el secretario de Medio Ambiente Max Puig, donde se esperaba que señalara, por sus nombres y apellidos, a los legisladores  que según su denuncia estaban conspirando  para modificar la ley de áreas protegidas para favorecer intereses particulares terminó entre sonrisas y abrazos, sobre todo cuando se dijo que el legislador señalado una y otra vez como cabecilla de esos tejemanejes,  el senador peledeísta por Hato Mayor Rubén Darío Cruz Ubiera,  tendió un ramo de olivo al hombre al que hasta ese momento estaba dispuesto a llevar a los tribunales de justicia a responder por las infamantes  acusaciones en su contra. Ese inesperado desenlace tenía, según lo que se comentó luego tras bastidores, una explicación: las altas instancias partidarias convencieron tanto a Max Puig como a los senadores de que seguir adelante con ese escarceo podría ser políticamente dañino para el gobierno, el partido y el Congreso Nacional, dominado por el oficialismo. Ahora que el secretario de Medio Ambiente se ha destapado reiterando su denuncia, la pregunta resulta inevitable. ¿Qué le hizo cambiar de opinión, por qué desoyó el sabio consejo de sus aliados políticos? Son preguntas difíciles de responder hasta para el propio Max Puig, a quien el senador Cruz Ubiera, mejor conocido como Rubén Toyota, ha prometido dar la guerra que tanto ha estado buscando.