Es una lástima que sea el brutal asesinato de siete jóvenes, al mejor estilo de los ajustes de cuentas de las mafias vinculadas al narcotráfico, lo que nos oblique a fijar nuestra atención en lo que está ocurriendo en Navarrete. Y que sea a causa del horror provocado por esas muertes, por la forma despiadada en que fueron ejecutados esos muchachos, que nos enteremos de que en ese municipio existen puntos de drogas que operan a la vista de todo el mundo, incluídas las autoridades responsables de evitar que esas cosas ocurran. ¿Es Navarrete uno de los escenarios de la guerra entre narcotraficantes que, según el Procurador Francisco Domínguez Brito, han elegido la región del Cibao como su centro de operaciones? ¿Será cierto, como argumentan otros, que la posición geográfica de esa levantisca comunidad cibaeña la han convertido en estación de tránsito, en punto de escala, para buena parte de la droga que entra al país a través de la frontera con Haití? Todo eso habrá, necesariamente, que averiguarlo. Mientras tanto, pongamos atención a lo que pasa en Navarrete antes de que sea demasiado tarde.

Viejas prácticas

Es cierto, como argumenta mucha gente, incluído el propio jefe de la Policía Nacional, que la utilización de vehículos recuperados es una práctica muy vieja de la institución, pero esa no debería ser la primera excusa a la que se eche mano para intentar justificar la perpetuación de lo que está, como quiera que se le mire, muy mal hecho. Si la actual jefatura no fue capaz de calcular el alcance o las implicaciones del lío que ha destapado, lo peor que puede hacer ahora es apelar a una justificación tan débil como cuestionable, en lugar de terminar bien lo que bien ha comenzado. ¿Cómo pedirle a la ciudadanía que confíe en una Policía que, así sea valida de la «buena fe» que le presume tan cándidamente el mayor general Manuel de Jesús Pérez Sánchez, hace tan mal uso de propiedades que está obligada a proteger o, en todo caso, devolver a sus propietarios? Cuánta razón tenían los viejos de antes cuando decían, con tono admonitorio, que no es lo mismo llamar el diablo que verlo llegar.

¡Ahí viene la grúa!

La ciudadanía debe saber, sobre todo la que conduce vehículos de motor, que desde ayer el ayuntamiento del Distrito Nacional cuenta con cincuenta nuevas grúas para hacer cumplir la ley que prohíbe estacionar en las aceras, tras firmar un acuerdo de cooperación interinstitucional con la gente de AMET. Las multas que se impondrá a los eventuales infractores, que se extenderán también a los desaprensivos peatones que arrojen basura a las calles, abarcarán desde los 250 pesos que se cobrará a los motores, hasta los 4,500 que los camiones de dos ejes, o mejor dicho sus propietarios, deberán pagar. Ese acuerdo es la mejor demostración del interés del cabildo capitaleño por erradicar un problema que se ha extendido como la mala hierba en una ciudad a la que sus constructores y planificadores olvidaron construirle parqueos, pero ojalá dure lo suficiente para que puedan verse sus positivos resultados.