A juzgar por la firmeza y la convicción conque ha defendido su decisión no hay dudas de que el Procurador General de la República cree tener razones legales suficientes para apropiarse de los bienes de Quirino Ernesto Paulino Castillo  devueltos al Estado dominicano como parte del acuerdo entre la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, la Fiscalía del Distrito Nacional y el ex capitán del Ejército dizque  para utilizarlos para fortalecer el Ministerio Público y afianzar, asimismo, el nuevo modelo de gestión peniteniaria, lo que   ha puesto en pie de guerra a las organizaciones sin fines de lucro que trabajan en la rehabilitación de adictos, que se creen, junto a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Consejo Nacional de Drogas, las beneficiarias  naturales de esos bienes al amparo de lo que dispone la  ley 72-02 sobre Lavado de Activos. Pero el doctor Radhamés Jiménez no es un hombre tan duro de corazón ni tan insensible que no sea capaz de reconocer la importancia de la labor que desempeñan esas organizaciones en la desigual lucha que libran contra el flagelo de las drogas, pues ayer declaró que parte de esos recursos, que se calcula ascienden a US$14.5 millones, serán distribuídos “en la medida de lo posible” entre esas entidades, distribución que estará sujeta —aclaró— a una supervisión estricta de la Procuraduría a fin de tener garantías de que esos recursos serán invertidos, ciertamente, en la recuperación de los adictos y en labores de prevención. Y eso está muy bien, sobre todo porque es responsabilidad de todo funcionario público velar por el buen uso de los recursos puestos a su recaudo, pero igual garantía quisiéramos tener los ciudadanos del uso que dará el Ministerio Público a esos bienes. ¿Quién llevará, chele a chele, esas cuentas?