Después de escuchar al doctor Roberto Marchena, vocero gubernamental, explicarle a una reportera del canal 4 las razones en las que se sustenta la política informativa del gobierno, casi está uno tentado a agradecerle a sus ideólogos la consideración que han tenido para con sus conciudadanos, especialmente con la familia dominicana. Según el doctor Marchena, una evaluación en poder del gobierno indica que la población está harta de la injerencia en sus hogares de funcionarios, y hasta del propio presidente de la república, hablando de escándalos y problemas, por lo que han decidido administrar mejor ese flujo excesivo de información (error en que incurrió, según Marchena, el pasado gobierno) para ofrecer tan solo informaciones oportunas y de calidad; «no queremos -señala- estar de necios importunando a la familia». No es la primera vez que un gobierno, lo sabe de sobra un hombre de la formación del portavoz gubernamental, esgrime esas u otras razones parecidas para justificar la manipulación de las informaciones que ofrece a sus gobernados, como debe saber también de qué clase de gobiernos estamos hablando y el lugar que la Historia les ha reservado. Así las cosas, la pregunta es absolutamente pertinente: ¿para dónde es que vamos?

Tiempos de paz
La secretaría de Educación, a través de Alejandrina Germán, y la Asociación Dominicana de Profesores, que dirige Eduardo Cuello, acaban de fumar la pipa de la paz, un gesto que si bien no deja zanjadas las diferencias que han mantenido enfrentados al gremio y la cartera educativa desde el mismo 16 de agosto, abre un camino de entendimiento esperanzador. Gracias a este acuerdo se procederá a la revisión, uno por uno, de los 271 casos de miembros del personal administrativo que se alega figuran con la categoría de docentes de manera irregular, y el optimismo exhibido por el profesor Cuello, quien ha llegado incluso a reconocer que tanto las autoridades educativas como la ADP se excedieron en la defensa de sus posiciones, hacen pensar que finalmente se llegará a un arreglo razonable. Esa voluntad de entendimiento, de conciliación, está haciendo mucha falta en otras áreas del gobierno, no menos sensibles que educación, que han escogido el escabroso camino de la confrontación para hacer valer sus razones.

Los mangos bajitos
La polvareda que ha levantado la decisión de las autoridades de liquidar las policías municipales y recuperar, por medio de la fuerza, los equipos pesados traspasados a los ayuntamientos por el pasado gobierno, ha relegado a un segundo plano la también controversial decisión de proceder al desarme de los alcaldes pedáneos de todo el país, sin que hasta ahora se haya ofrecido, ni a la opinión pública ni a los directamente afectados, una explicación satisfactoria. ¿Se atreverá alguien a decir que el desarme de los alcaldes pedáneos, la única autoridad competente en muchas de nuestras zonas rurales, contribuye a mejorar la seguridad ciudadana, puesta en jaque por una delincuencia que no nos concede un solo minuto de tregua? Con razón decía el otro día el colega El Nacional, a propósito de la política de desarme emprendida, con justificadas razones, por la secretaría de Interior y Policía, que se había empezado por lo más fácil y cómodo: los mangos bajitos.