Hace bien la DNCD en mostrarle al país los sofisticados equipos de rastreo y localización electrónica que utiliza el narcotráfico internacional en sus operaciones en el país, pues son el mejor argumento en favor de  que al organismo antinarcóticos se le dote de las herramientas y recursos necesarios conque hacer frente a un enemigo tan bien equipado y dispuesto a todo con tal de hacer llegar su mercancía al mercado más apetecible: los Estados Unidos de Norteamérica.

Nunca ha estado en discusión, porque es algo demasiado evidente, el enorme peligro que representa para el país el narcotráfico, su probada capacidad para contaminar hasta el tuétano  nuestras instituciones, como tampoco lo está el hecho de que el consumo y tráfico de drogas constituye hoy por hoy el principal detonante del grave problema de delincuencia y criminalidad que nos ha robado la tranquilidad. Esa realidad debería ser suficiente para darle la razón al gobierno y su decisión de adquirir en Brasil 8 aviones, a un costo cercano a los tres mil millones de pesos, para retomar el control de nuestro espacio aéreo y evitar las incursiones de los “bomdarderos” de drogas, pero lamentablemente no ha sido así. ¿Por qué? Es probable que la forma en que se adquirieron esas aeronaves, sin una licitación internacional como manda la ley, tenga mucho que ver con ese rechazo, pero también la generalizada percepción de que, aun y cuando se reconoce el peligro del narcotráfico  y la necesidad de hacerle frente, son demasiados los problemas que podrían resolverse en este atribulado país con todo ese dinero.

 ¿Civismo?

Ha recibido encendidos elogios la forma ordenada y pacífica, sin tirar ni una sola piedra ni quemar ni una sola goma, en que residentes en Capotillo, otrora uno de nuestros barrios más “calientes”, marcharon por las calles del sector en reclamo de la regularización del servicio de agua potable y energía eléctrica, pero sobre todo del cumplimiento de las promesas que hiciera el gobierno cuando inició la aplicación de Barrio Seguro hace casi dos años.  Esa forma tan pacífica de comportarse pudo tener, sin embargo, otra explicación que no sea el alto sentido  cívico de la gente de Capotillo: el intenso patrullaje  desplegado por la Policía Nacional en la zona, que desde tempranas horas de la mañana apostó decenas de agentes  casi cada metro a todo lo largo del recorrido de la marcha. ¿Quién se atreve, en esas circunstancias, a tirar la primera piedra? Lo más irónico del caso es que ha sido, precisamente, la Policía Nacional la única institución que ha cumplido con las promesas hechas a Capotillo cuando se dejó inaugurado, con bombos y platillos, Barrio Seguro, pues su presencia en el barrio ha sido permanente desde entonces, tanto así que han vuelto a encompincharse con los delincuentes, pero ese es un maridaje difícil de evitar dado el talante de unos y otros.

Promesas incumplidas

Hay que suponer que cuando los responsables de la ejecución del Plan de Seguridad Democrática decidieron escoger a Capotillo como piloto para la aplicación de Barrio Seguro estaban perfectamente conscientes de que eso convertía al populoso barrio capitalino en la vitrina de los esfuerzos del gobierno por contener los desmanes de la delincuencia en nuestros barrios marginados, pues si ese programa fracasa, o así lo parece a los ojos de la percepción pública, ese fracaso podría hacerse extensivo al resto de barrios y sectores de Santo Domingo y Santiago donde también se está aplicando. Por eso es tan difícil entender porqué el gobierno se ha mostrado incapaz de cumplir las promesas que hiciera en un acto encabezado por el  propio presidente Leonel Fernández, pues en su mayoría se trata de pequeñas obras,  de pequeños esfuerzos que no precisan de una gran cantidad de recursos  para materializarse como una escuela laboral o una modesta cancha deportiva, pero sí de la siempre necesaria voluntad política y, por encima de todas las cosas, de un sentido mínimo de respeto hacia la palabra empeñada y los compromisos asumidos.